FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN UNLP

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Imposición y crisis del neoliberalismo en el Tercer Mundo

Sureste asiático



En el sureste asiático La crisis del bloque soviético debilitó los grupos armados comunistas en Tailandia, Malasia y Myanmar y al mismo tiempo dio lugar a procesos de cambios, básicamente socio-económicos, en Vietnam y Laos junto con el fin de la ocupación vietnamita de Camboya (1979-1989). En el plano político en estos tres últimos países se mantuvieron los regímenes comunistas de partido único.

Desde comienzos del nuevo siglo, el contraste entre la República Socialista de Vietnam y sus vecinos fue llamativo. Su frenesí económico pasó a ser muy similar al de los países del Sudeste asiático a principios de los noventa: talleres que funcionan veinticuatro horas, intenso crecimiento urbano y un sector inmobiliario que experimenta una especulación desenfrenada. El partido Comunista, como en China, intenta conciliar una pretendida adhesión al marxismo con la economía de mercado basada en gran medida en el aflujo de inversiones extranjeras que en el 2007 superaron a las concretadas en la India. En el 2007, Vietnam entró en la Organización Mundial del Comercio. En su afán por integrarse al mundo globalizado, Hanoi cuenta con una serie de ventajas: bajos salarios, abundantes recursos humanos bien formados y una burocracia autocrática, pero eficiente y comprometida con los cambios en curso. Este proceso tiene sus tensiones: las acusaciones de corrupción y la emergencia de una oposición política que se ha manifestado en la presentación de candidatos independientes en elecciones legislativas de mayo de 2007, no obstante 492 legisladores de los 493 elegidos son miembros del Frente de la Patria, subordinado al partido Comunista. Laos presenta rasgos similares aunque con un crecimiento económico mucho menor.

En el caso del reino de Camboya, la traumática experiencia del régimen de los Jemeres Rojos (1975-1979) liderados por Pol Pot diezmó su población. nota El 16 de abril de 1975, cuando las tropas de los jemeres entraron en Phnom Penh, la capital de Camboya, aún era una ciudad relativamente moderna. Los jemeres llegaron con su indumentaria de camisa y pantalón negro y pañuelo de cuadros negros y rojos con la orden de desalojar la ciudad Los habitantes de Phnom Penh se habían lanzado a las calles para celebrar el fin de la guerra cuando los soldados les informaron de que había orden de evacuación para todos los ciudadanos. A algunos les dijeron que la capital iba a ser bombardeada por los americanos, y por eso se les trasladaba al campo. "Será sólo unos días", aseguraban. Pero había algo raro en aquel desalojo, en aquel éxodo a la fuerza de dos millones de personas que recibieron instrucciones de hacer el camino a pie o en carro de bueyes. Todo el mundo tuvo que marcharse, incluso los ancianos y los enfermos. Muy pronto empezaron a aparecer en las cunetas los cadáveres de aquellos que no resistían la marcha a pie. El horror no había hecho más que empezar.

Pol Pot proclamó el nacimiento de la Kampuchea Democrática y declararó el inicio del "año cero", en el que la historia del país empezaría a reescribirse. Había que eliminar todos los vestigios del detestable pasado capitalista. Los vehículos a motor se destruyeron, y el carro de mulas fue nombrado medio de transporte nacional. Se quemaron bibliotecas y fábricas de todo tipo, y se prohibió el uso de medicamentos: Kampuchea estaba en condiciones de reinventar todas las medicinas necesarias para sus ciudadanos echando mano de la sabiduría popular. Porque sólo los campesinos permanecían a salvo de la peste capitalista y burguesa que contaminaba el país. Ésos eran los ciudadanos ejemplares.

Todos los ciudadanos de Camboya que no pertenecían a la guerrilla fueron convertidos en campesinos y obligados a trabajar en los campos de arroz en jornadas de 12 y 14 horas. Las ciudades quedaron despobladas, y en las aldeas se organizó una forma de vida muy particular, con familias separadas, comedores colectivos y sesiones de reeducación en las cuales se hablaba del Angkar como responsable último del bienestar y el progreso del país. El concepto de Angkar era completamente abstracto. El Angkar era el partido, el sistema, el gran hermano. Pol Pot seguía siendo una figura en la sombra, de la que sólo empezó a hablarse dos años después de la proclamación del año cero.

Pol Pot y los jemeres rojos estuvieron en el poder 44 meses, el 7 de enero de 1979, la intervención militar vietnamita obligó al tirano a abandonar el gobierno. No hay cifras exactas de cuántas personas murieron bajo el terror rojo, pero se sabe que más de dos millones perdieron la vida ejecutados o en los campos de la muerte.

Los vietnamitas que expulsaron a los jemeres rojos, impusieron su control sobre Camboya durante diez años (1979-1989). Esta acción de Vietnam empeoró sus relaciones con China cuyas tropas ingresaron al territorio vietnamita para frenar su ataque a Camboya en 1979. El gobierno vietnamita estrechó aún más las relaciones con la URSS.

Los jemeres por su parte, se desplegaron por la selva para desalojar a los vietnamitas a través de la guerra de guerrillas. Fracasaron en este intento. A principios del siglo XXI, el gobierno camboyano que sucedió a la ocupación vietnamita se comprometió muy tibiamente con la realización de juicios a los responsables del régimen sanguinario: muchos jemeres ya habían abandonado esta fuerza para sumarse al gobierno camboyano instalado en los años noventa, otros ya habían muerto, el caso de Pol Pot que falleció en su choza en la selva en 1998, y además el gobierno sólo aceptó juzgar los principales responsables dejando de lado juicios más exhaustivos.

El impacto de las políticas económicas neoliberales y el fin de la guerra fría incidieron en la caída de las dictaduras de Marcos en Filipinas en 1986 y la de Suharto en Indonesia en 1998.

A la caída de Marcos asumió Corazón Aquino, viuda de Benigno Aquino el líder del opositor partido por el Poder Popular asesinado en 1983. La inestabilidad política asociada a las denuncias de corrupción de los sucesivos gobiernos ha sido una nota dominante del período pos dictatorial. El ejército continúa siendo un actor de peso y sus acciones represivas son en gran medida avaladas por Estados Unidos en nombre de la lucha contra el terrorismo global. El gobierno de Gloria Macapagal-Arroyo ­ asumió en el 2001 y fue reelegida en el 2004­ fue objeto de críticas cuando un informe de la Naciones Unidas (2007), acusó a las fuerzas armadas filipinas de estar implicadas en cientos de secuestros y asesinatos de militantes políticos durante los últimos años. La presidenta, además, en nombre de la reconciliación nacional, liberó al ex presidente Joseph Estrada (1998-2001), condenado a cadena perpetua por malversación de fondos públicos. La reforma agraria, anunciada por el gobierno como el pilar de la transformación social, se diluyó en un plan de alcance limitado luego de ser sometida a discusión en el cuerpo legislativo donde los terratenientes cuentan con fuerte representación. La nueva Constitución, aprobada en el plebiscito de febrero de 1987, otorgó autonomía a las regiones de Mindanao y Cordillera, lo que, inicialmente, posibilitó una tregua con los movimientos autonomistas armados. Por su parte, el Nuevo Ejército del Pueblo de corte marxista abandonó las negociaciones de paz a comienzos de 1990, en virtud de la represión ejercida contra movimientos populares y los atentados a dirigentes opositores.

Haji Muhammad Suharto dirigió Indonesia durante 32 años (1965–1998) con mano de hierro fue instigador de violentas represiones contra todos los calificados como comunistas y contra los reclamos autonomistas. En el plano económico, el proyecto desarrollista logró resultados alentadores en los primeros años, a pesar del altísimo grado de corrupción desplegada en pos del enriquecimiento de familiares y allegados del dictador.

Abandonado por el ejército, el general Suharto acabó dimitiendo en 1998, en el marco de la crisis económica y financiera asiática (1997-1999) y bajo la presión popular. Pero no fue investigado por sus actos y su muerte fue llorada por decenas de miles de simpatizantes.

 

 FUNERAL SUHARTOFUNERAL SUHARTO

 El quiebre del régimen autoritario debilitó la autoridad del gobierno central indonesio y los militares se vieron presionados para reducir su papel dominante en la política interna. La propuesta de democratización que siguió a la caída de Suharto se vio acompañada de una gran convulsión social ­protestas estudiantiles, ataques contra las comunidades chinas­ y de la exacerbación tanto de los conflictos entre diferentes comunidades (Sulawesi, Kalimantan, Molucas) como los de carácter secesionista (Aceh, Papúa Occidental o Timor Oriental). Los militares, según algunos analistas, fomentaron los disturbios, en particular las luchas entre musulmanes y cristianos en Sulawesi y Molucas.

Desde la caída de la dictadura, las organizaciones islámicas han ganado creciente gravitación en Indonesia. Por ejemplo, Abdurrahman Wahid, presidente elegido democráticamente (1999-2001) había dirigido anteriormente el Nahdlatul Ulama, la populosa organización musulmana, de índole moderada y tradicional. Bajo el régimen de Suharto, como en otros países musulmanes regidos por dictadores, el islam constituyó un refugio y una opción de expresión colectiva y acción social ante el orden represivo. Parte de sus organizaciones fueron actores decisivos en el derrumbamiento de Suharto y en la transición a la democracia a través de su asociación con otros protagonistas como el movimiento de derechos humanos, el sindicalismo independiente y el movimiento estudiantil. Durante décadas los indonesios se vincularon menos con el mundo árabe que los musulmanes de otros países. Sin embargo, muchos ulemas indonesios estudian ahora en Egipto y otros países árabes, donde han entrado en contacto con una versión más radical del islam político.

En Timor-Leste anexada por Indonesia en 1975 en el marco del derrumbe del imperio portugués, el resultado del referéndum de 1999 fue favorable a la proclamación de la independencia. La negativa de las fuerzas armadas indonesias a aceptar esta secesión abrió un período de violencias extremas. Milicias proindonesias equipadas y entrenadas por el ejército arrasaron el país operando desde Timor Oeste y una cuarta parte de la población se refugió en las montañas. Se desconoce exactamente el número de personas asesinadas por estos ataques, que se extendieron hasta el año 2000 y llegaron incluso a los campos de refugiados. Debido a que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas negó la creación de un Tribunal Internacional, tal y como había propuesto el equipo de investigación de esta institución, fue el propio sistema judicial indonesio el encargado de juzgar los crímenes que fueron parcialmente investigados.

Finalmente, Timor logró su independencia en mayo de 2002. Desde entonces, enfrenta serios problemas: fragilidad institucional, viabilidad económica, seguridad fronteriza y desintegración social, luchas intestinas por el poder junto con tensiones etnopolíticas entre las regiones oriental y occidental. Esta combinación de factores desembocó en un grave brote de violencia en el 2006. El desencadenante de la crisis fue el despido de casi seiscientos miembros del ejército nacional, la mayoría veteranos de la guerrilla independentista, que habían protestado porque se sentían discriminados respecto a las tropas del extremo este de donde procedían los altos mandos. El conflicto militar se extendió a la sociedad civil, hubo enfrentamientos violentos entre la población de ambas zonas que dieron paso al desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas y al ingreso de una fuerza multinacional. A todo esto se suma la serie de litigios sobre la soberanía en zonas marítimas que Timor mantiene con Australia obstaculizando la explotación de los hidrocarburos, recursos en que el régimen tiene puestas altas expectativas para remediar la pobreza crónica en que se encuentra sumida la mayor parte de la población.

El nuevo orden global y el fin de la Guerra Fría no modificaron el escenario político en Myanmar, la represiva junta militar que controla el poder desde la década de 1960 continúa al frente del gobierno en 2014. Aunque en las elecciones de 1990, las fuerzas opositoras lideradas por Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz e  hija del héroe de la independencia birmana, el general Aung San, obtuvieron más de un 80% de los escaños legislativos, el gobierno desconoció este resultado y mantuvo el arresto domiciliario de la mencionada dirigente.

Las reivindicaciones de las organizaciones a favor de la democracia coexisten con las de varios grupos armados de matriz étnica que, desde los años cuarenta, luchan por la independencia o autonomía de las regiones periféricas del país donde reside la mayoría de los numerosos grupos étnicos no birmanos. Aunque durante los años noventa diecisiete de estas organizaciones firmaron acuerdos de alto el fuego con el gobierno, actualmente siguen activas una decena de organizaciones que luchan contra Rangún, principalmente desde la frontera tailandesa.

En setiembre y octubre de 2007, decenas de miles de monjes budistas y laicos manifestaron en Rangún y en otras ciudades del país sin que los militares dudaran en abrir fuego contra la multitud. La reacción internacional no pareció surtir mucho efecto aunque por primera vez, China se sumó a una declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que condenaba la represión y reclamaba la apertura de un diálogo con la oposición. Gran parte de las expectativas a favor de un cierto grado de liberación se apoyan en las crecientes tensiones entre los máximos dirigentes de la Junta militar. Algunos de los cuales parecen dispuestos a un acuerdo Aung San Suu Kyi.

 

AUNG SAN SUU KYIAUNG SAN SUU KYI (1945­).

 

 

 

LA LÍDER OPOSITORA BIRMANA DURANTE LA VISITA DE OBAMA A SU RESIDENCIA EN RANGÚN EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. HABÍA SIDO LIBERADA EN EL 2010. SEGÚN LA PRENSA OCCIDENTAL, SU COMPROMISO CON LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MINORÍAS RELIGIOSAS Y ÉTNICAS HA SIDO CADA VEZ MENOS CONTUNDENTE. SE DESTACA, SU MUTISMO HACIA LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD ROHINGYA, MUSULMANA, A LA QUE LAS AUTORIDADES NIEGAN TODO DERECHO, INCLUIDO LA NACIONALIDAD. ESTA ETNIA ESTÁ CONFINADA A CAMPOS DE DESPLAZADOS INTERNOS, SIN POSIBILIDAD DE SUBSISTIR, Y ES OBJETO FRECUENTE DE LAS IRAS DE LA COMUNIDAD BUDISTA. 

 

En el reino de Tailandia tampoco se logró limitar el peso decisivo de los militares que en setiembre del 2006 daban un nuevo golpe, el décimo noveno desde 1932. Esta acción constituyó un eslabón más de la crisis desatada a principios del siglo XXI cuando el Partido Demócrata fue derrotado en las elecciones de enero de 2001 en beneficio de la nueva fuerza Tailandeses que aman Tailandia creada en 1999 por Thaksin Shinawatra Tanto en esa ocasión como en las elecciones del 2005 contó con un amplio respaldo popular. Su destitución fue presentada como el necesario fin de un gobierno corrupto e incapaz de controlar la espiral de violencia desatada a partir del 2004 en las tres provincias meridionales limítrofes con Malasia donde la mayoría malaya y musulmana reclama su autonomía.

 

THAKSIN SHINAWATRATHAKSIN SHINAWATRA (1949- )

 

En contraste con los casos anteriores, Malasia es una sociedad multirracial relativamente armoniosa. Los principales grupos de la Federación son los malayos (60% de la población), los chinos (25%), y los hindúes (7%). De una economía agraria, el país ha pasado a un importante crecimiento industrial y urbano al mismo tiempo que presenta un panorama político estable en torno a la coalición Frente Nacional, cuyo principal pilar es la Organización Nacional para la Unidad Malaya.

Malasia se ha construido sobre la integración de los chinos e indios que emigraron al país en la época colonial a cambio de las garantías ofrecidas a los hijos del suelo, en su gran mayoría malayos musulmanes, la identidad malaya es la base del edificio. La Federación es una monarquía constitucional cuyo trono está reservado a los sultanes herederos de la península malaya y el islam es la religión oficial. Por medio del llamado pacto social, a partir de 1957, los hijos de inmigrantes obtuvieron de manera casi automática la nacionalidad malaya. No obstante se perfilan algunas amenazas. La armonía interétnica se ha deteriorado; los matrimonios mixtos, por ejemplo, han pasado a ser la excepción. Cada vez más las distintas etnias frecuentan sus escuelas, sus asociaciones, sus clubes. La ira de los indios, por lo general tamiles que se consideran desfavorecidos, se desató en noviembre de 2007 en Kuala Lumpur cuando unos miles protestaron en dos concentraciones sin precedentes que la policía dispersó violentamente. Los chinos han preferido abandonar el país y radicarse donde valoren sus talentos; una decisión que empieza a pesar negativamente en la economía malaya. Otro foco de tensiones procede de las normas que consideran automáticamente como musulmanes a todos los hijos del suelo. Estos no pueden cambiar de religión, ya que corren el riesgo de ser condenados por un tribunal religioso por apostasía y los tribunales civiles se niegan a intervenir en esta cuestión. Las iniciativas destinadas a valorizar esta dimensión de la identidad malaya van acompañadas por el giro a favor de un islam más conservador y menos tolerante. Las consecuencias son múltiples. Para recuperar a un electorado atraído por un islam más tradicional que favorece al partido Islamista de Malasia, la Organización Nacional para la Unidad Malaya se orienta hacia iniciativas pro musulmanas que la alejan de la coalición con otras fuerzas políticas.

En casi todos los países del sudeste asiático, en el marco de la descolonización, o poco después, se formaron grupos armados que cuestionaron la legitimidad del nuevo Estado. En algunos casos, por ejemplo el Nuevo Ejército del Pueblo en Filipinas porque proponían un nuevo tipo de régimen, en otros, porque esgrimían los agravios de grupos que no se sentían reconocidos en la formula identitaria que se imponía desde el poder, los casos de los grupos moros en el sur de Filipinas, el de Aceh y Papúa Occidental en Indonesia, o el de los malayos en Tailandia. La condición de minoría sojuzgada restringió tanto las posibilidades de intervención política y cultural de estas comunidades como afectó negativamente sus condiciones de vida material.

La existencia de gobiernos autoritarios fue un factor clave en la radicalización de los conflictos armados Por un lado, porque las políticas de represión militar y discriminación económica y política favorecieron el fortalecimiento de grupos armados de oposición al sumarse miles de personas a sus filas. Por otro, porque en las estructuras del Estado prevaleció una visión centralista y excluyente junto con prácticas altamente violentas al margen de la ley por parte de los cuerpos de seguridad. Esto es especialmente evidente en el caso de Indonesia. Aquí las fuerzas armadas se erigieron en el garante de la integridad del Estado a través de la brutal represión de cualquier foco autonomista al mismo tiempo que aprovecharon su presencia en buena parte del territorio para tejer una enorme red de actividades económicas, la mayoría ilícitas, que les permitió sufragar su equipamiento y enriquecerse personalmente.

En este escenario, los grupos islámicos que han operado durante varias décadas en sus propios países, principalmente en Indonesia, Filipinas, y Tailandia, fueron relativamente débiles. En la posguerra fría el islamismo militante ha ganado terreno, en parte como opción que encauza la protesta frente al deterioro de las condiciones de vida asociado a las nuevas política económicas, pero también debido a la frustración y la ira generadas por regímenes autoritarios y corruptos que desde su manejo discrecional de los recursos estatales han exacerbado las diferencias étnicas y religiosas. A estos factores se suman la experiencia de la yihad en Afganistán y en parte también, el rechazo a la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel.

Gran parte de los líderes de los grupos islamistas radicales en esta región participaron o fueron entrenados en Afganistán. La mayoría intentan crear estados islámicos independientes en las áreas de mayoría musulmana pero que están bajo el control ya sea de gobiernos seculares como en Indonesia, o de otro credo, el caso de Filipinas donde predomina el cristianismo. Algunos, el caso de la Jemaah Islamiya (Grupo Islámico o Comunidad Islámica) a la que se considera vinculada con Al Qaeda, pretenden establecer un nuevo estado islámico supranacional que incluya a Indonesia, Malasia y el sur de Filipinas.

Esta organización, cuyo número total de miembros se estima entre quinientos y varios miles, tiene células en Australia, Indonesia, Malasia, Pakistán, Filipinas, Tailandia y Singapur y ha establecido alianzas con otros grupos militantes para alcanzar su objetivo de crear un Estado islámico en el Sudeste Asiático. La Jemaah Islamiya es la presunta responsable de los atentados con coche bomba de Bali (Indonesia), del 12 de octubre de 2002, uno de los más sangriento desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. Su principal diferencia con Al Qaeda reside en que su estrategia es de alcance regional. Al Qaeda, en cambio, plantea una lucha global que incluye acciones armadas contra objetivos occidentales. La intención de Jemaah Islamiya es radicalizar el Sudeste asiático musulmán, especialmente Indonesia, pero sus líderes creen que atentar contra los países occidentales puede resultar contraproducente. Sin embargo, los dos grupos colaboran e incluso algunos miembros transitan por ambos.

El grupo musulmán militante más grande y organizado de Indonesia, Laskar Jihad (Combatientes de la Guerra), concentra sus fuerzas en librar una guerra santa contra los cristianos en las islas indonesias de Molucas y Sulawesi. El Grupo de Crisis Internacional con sede en Bruselas sostiene que en estas acciones cuenta con el apoyo de miembros de los estamentos militares y policiales. Laskar Jihad fue fundado en el 2000 y su creador estudió durante varios años en Pakistán y luchó al lado de los muyahidines en Afganistán. Esta organización combina las acciones armadas con el trabajo social y la educación musulmana. Apoyó los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, pero afirma haber rechazado una oferta de Al Qaeda para unirse a su red en las islas Molucas. Sus miembros comparten el credo wahabita defendido por Osama bin Laden, pero ponen en duda que la ideología de Al Qaeda se corresponda con la verdadera fe islámica.

En Filipinas, Abu Sayyaf, nombre de un combatiente muyahidín de Afganistán, es una derivación de la larga lucha por la autonomía de Mindanao, una de las regiones más pobres con una renta anual de apenas una quinta parte del promedio nacional filipino. El grupo rechaza cualquier tipo de acuerdo con la mayoría cristiana y cree que la violencia es la única vía para conseguir sus objetivos. Empezó a organizar ataques terroristas en 1991 y su fundador participó en el conflicto de Afganistán. El Gobierno filipino afirma que Abu Sayyaf mantiene vínculos con Jemaah Islamiya y Al Qaeda. Es el grupo islámico más pequeño de los que actúan en Mindanao, pero también el más combativo. Los expertos en terrorismo le adjudican una fuerte impronta mafiosa.

El Gobierno filipino también es cuestionado con las armas por el Nuevo Ejército del Pueblo, el ala militar del Partido Comunista de Filipinas que se propone derrocar al gobierno filipino mediante una prolongada guerra de guerrillas. Aunque posee una base eminentemente rural también tiene una infraestructura urbana activa capaz de realizar actos terroristas. Los objetivos prioritarios de sus acciones son las fuerzas de seguridad filipinas, los políticos corruptos, los traficantes de droga y la presencia militar estadounidense en Filipinas.

En Malasia opera Kumpulan Muyahidin Malaysia con el propósito de poner fin al orden multiétnico e instaurar un Estado islámico con potestad o sobre Malasia, Indonesia y el sur de Filipinas. Fue fundado en 1995 y muchos de sus miembros se han formado en los campamentos de Afganistán, al calor de la guerra afgano-soviética.

En los últimos años, el sudeste asiático se ha erigido en uno de los escenarios calientes de la llamada lucha global contra el terrorismo. A ello han contribuido los nuevos atentados de gran calibre y la creciente certidumbre de que algunas organizaciones armadas han ganado terreno en escenarios con prolongados conflictos armados o bien con tensiones agravadas entre diferentes comunidades forjando nuevas redes y alianzas. La injerencia de estas organizaciones en conflictos políticos o comunitarios se ha evidenciado con mayor claridad en Sulawesi, Molucas, Mindanao y parece avanzar en el sur de Tailandia.

La inclusión del sudeste asiático en el mapa de la lucha antiterrorista tiene varias y funestas consecuencias para la resolución de los conflictos armados de la región. En primer lugar la extendida calificación de terrorista utilizada por los gobiernos dificulta el diálogo con los grupos que expresan reivindicaciones políticas y sociales al mismo tiempo que no se toman en cuenta los intensos agravios sufridos por distintas comunidades discriminadas por los grupos e intereses que controlan los recursos del Estado. En segundo lugar, la lucha contra el terrorismo global en la que participan la mayoría de los gobiernos de la región clausura la vía política. La ausencia de canales de participacion y el hecho de que las demandas políticas y sociales de la poblacion sean esgrimidas por las organizaciones armadas incrementan la radicalización de los conflictos, la polarización de las sociedades, la petrificación de las identidades y los alcances de la violencia.


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