V. El tercer mundo

En el escenario de la posguerra, algunos países de América Latina debieron enfrentar los desafíos surgidos de las transformaciones sociales y económicas que acompañaron el creciente proceso de industrialización sustitutiva de importaciones que se había iniciado en la década delos treinta y que se profundizó a lo largo de los años del conflicto bélico mundial. Durante el período que se extiende entre 1945 y 1973 el problema del desarrollo económico resultó un tema recurrente para los países que dejaban atrás el predominio de población campesina y asumían una nueva fisonomía como “sociedades modernas”.En esos años se produjo un importante crecimiento poblacional en ciudades que incrementaban su infraestructura y ofrecían nuevos servicios. Una amplia franja de la población ocupaba ahora el sector terciario en expansión y las capas medias concurrían a las universidades.

Esto no quiere decir que todos los países del continente hubiesen abandonado la primacía de la producción primaria y la centralidad de la exportación de esos productos; sin embargo,la preocupación por el desarrollo se tradujo en muchos casos en un diagnóstico sobre la necesidad de producir transformaciones estructurales para dejar atrás los años de “atraso” y “dependencia”. Esta encrucijada constituyó el marco de experiencias políticas diversas que oscilaron entre la democracia liberal, el nacionalismo radical y el autoritarismo, indisociables del escenario de la Guerra Fría,que definió nuevas formas de intervención norteamericana en el subcontinente. Ese contexto resultó todavía más decisivo desde el momento en que la Revolución cubana abrió nuevos horizontes de intervención política para resolver los problemas sociales y económicos.

Si en un primer momento Estados Unidos, erigido como principal potencia mundial,concentró su atención principalmente en Europa, castigada por la guerra, rápidamente orientó también sus esfuerzos a consolidar su hegemonía continental, atento al escenario geopolítico de la Guerra Fría. Esta atenciónse desplegó a través de iniciativas económicas, políticas y militares. Respecto de las últimas, EE.UU. impulsó la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en Río de Janeiro en 1947, que establecía la cooperación militar frente a una agresión externa, y la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA), en 1948. Estas políticas estaban orientadas a contener los posibles avances del comunismo, cuya presencia en el continente estaba centrada en la actividad de los Partidos Comunistas; estos, si bien respondían a los criterios y orientaciones definidos por la URSS y contaban con el prestigio internacional del comunismo luego de la guerra, crecían en América Latina al calor del aumento de las masas de trabajadores y de sus presiones reivindicativas.

Sin embargo,el avance del comunismo no era tan visible como las iniciativas norteamericanas parecían advertir. En diferentes países, las experiencias políticas nacionalistas o nacional-populistas lograban captar la adhesión de las masas, al tiempo que alentaban la intervención del Estado en la economía.

El populismo, como se ha señalado en referencia a las experiencias originadas luego de la crisis de 1930, ha sido analizado como una forma de manipulación de las masas,“disponibles” en el tránsito de una sociedad tradicional a otra moderna. Desde otras perspectivas, se ha enfatizado su función como articulador del desarrollo capitalista en el marco de los compromisos asumidos entre la nueva burguesía industrial en ascenso y las viejas clases dirigentes, con una participación necesariamente subordinada de los trabajadores. Más allá de estas definiciones, en el período que estamos analizando los populismos conformaron experiencias políticas democráticas con una fuerte identidad obrera, construida a partir de iniciativas que supusieron la movilización y participación de las masas y la ampliación de sus derechos. Sin embargo, las tensiones que se desplegaron en torno de estas experiencias permiten analizar las contradicciones y los límites de las transformaciones que llevaron adelante para resolver los problemas sociales y económicos que debieron enfrentar.

Una variante paradigmática de este tipo de experiencia fue el peronismo en la Argentina.En 1943 un golpe de Estado encabezado por un grupo de oficiales católicos había interrumpidoel predominio político de la vieja oligarquía liberal conservadora. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del nuevo gobierno, el coronel Juan Domingo Perón iría ganando protagonismo a través del vínculo establecido con los sectores trabajadores, que se beneficiaron por la mediación del Estado en los conflictos,la legislación laboral y las políticas sociales, como el Estatuto del Peón Rural, sancionado 1944, o el aguinaldo, otorgado desde 1945.El desplazamiento de la ascendente figura de Perón por parte del gobierno militar produjo una histórica movilización de obreros el 17 de octubre de 1945.

NUMEROSAS COLUMNAS DE OBREROS PROVENIENTES DE LAS PERIFERIAS INDUSTRIALES
OCUUPARON EL CENTRO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EL 17 DE OCTUBRE DE 1945 )

En un contexto internacional que invitaba al llamado a elecciones democráticas, Perón derrotó en 1946 a una coalición de partidos opositores que incluía a socialistas, comunistas, radicales y conservadores (la Unión Democrática), quienes veían al carismático militar como una versión criolla del fascismo derrotado en Europa. Perón se encargó de ubicar el movimiento que encabezaba en una autoproclamada “tercera posición” (“ni yanquis ni marxistas”), a través deconsignas antiimperialistas, de soberanía nacional y justicia social, que luego serían banderas del peronismo. La política económica del gobierno de Perón estuvo centrada en la promoción de la industria, fundamentalmente de sectores de demanda elástica, como la industria automotriz, el papel o la metalurgia.Se transfirieron ingresos del sector agrario a otros sectores, a través del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), que monopolizaba la exportación agrícola. El modelo de intervención estatal subvencionaba las importaciones de insumos y bienes de capital. Esta política beneficiaba a las industrias locales, pero no permitía el desarrollo de la industria de base. Las medidas económicas estaban relacionadas con objetivos políticos, como la independencia económica y el pleno empleo.

A partir de 1949/50 comenzaron a sentirse los efectos de la recuperación económica de Europa, que impactó sobre el volumen de la demanda de productos primarios y los precios en general. En 1952 se intentó modificar el problema de la escasez de divisas con una nueva ley que favorecía la radicación de capitales extranjeros, perola llegada de inversiones estaba condicionada por las políticas de nacionalización y control estatal.

La base política del peronismo fueron siempre los trabajadores, beneficiados por aumentos de salarios, nueva legislación y derechos laborales. Además se extendió la asistencia social y se ampliaron los derechos de las mujeres, que pudieron votar por la Ley de Sufragio Femenino, promulgada en 1947.El peronismo tenía un contenido disruptor, debido a que había instalado en el centro de la escena política y cultural, tradicionalmente reservada para los miembros de las clases altas, la reivindicación de la figura del “descamisado” (en referencia al trabajador). Su ícono principal era la esposa del presidente, Eva Duarte, que se ocupaba de las políticas de asistencia social.

EVA DUARTE DE PERÓN (1919-1952)

Los sectores de la industria beneficiados por las políticas económicas no ofrecieron un apoyo decidido a Perón, porque cuestionaban las políticas orientadas hacia los asalariados.La Sociedad Rural Argentina –corporación que representaba al sector agropecuario–, los empresarios de las industrias tradicionales (alimentos, textiles) y amplios sectores de las clases medias con ideologías liberales fueron acérrimos opositores. A esa oposición se sumó la de algunos sectores del ejército y de la Iglesia. En 1955, un golpe de Estado autoproclamado Revolución Libertadora derrocó a Perón.El peronismo estuvo proscripto hasta 1973.

En el período que estamos analizando tuvo lugar también una nueva presidencia de Getúlio Vargas en Brasil. En 1945 un golpe militar había puesto fin a la primera y extensa experiencia nacionalista encabezada por Vargas. Luego de restaurada la vida democrática, las elecciones fueron ganadas por el candidato del Partido Socialdemócrata,Eurico Gaspar Dutra, que restauró el orden constitucional en el marco de un nuevo texto de inspiración liberal, y firmó los acuerdos delineados por la política panamericana, que llevaron a Brasil a romper relaciones con la URSS en 1947. Vargas retornó a la presidencia por la vía de elecciones en 1950, sobre la base de un nuevo partido, el Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), con apoyo del comunismo y fundamentalmente de algunos dirigentes que habían construido su liderazgo enlos barrios populares de las grandes ciudades, como San Pablo.Brasil era un país transformado por el proceso de industrialización y urbanización creciente.

Vargas aplicó una política económica mixta, en tanto mantuvo una política cambiaria flexible que le permitió sostener la competitividad de las exportaciones y abrir las puertas al financiamiento externo. Al mismo tiempo impulsó el intervencionismo estatal y la creación de empresas públicas, como PETROBRAS. Este equilibrio debía replicarse entre los apoyos políticos, que iban desde sectores conservadores del ejército y las clases medias, hasta la burguesía industrial y los trabajadores. Vargas fue recortando el apoyo hacia estos últimos sectores. Una de las limitaciones estructurales de la política mixta de Vargas era el problema de la inflación. Cualquier tentativa antiinflacionaria podía provocar un desequilibrio del modelo. La decisión de colocar a João Goulart, un dirigente del PTB cercano a las reivindicaciones de los trabajadores, al frente del Ministerio de Trabajo definió en 1953 la inclinación del varguismo. Las medidas profundizaron las divisiones internas en el ejército, mientras que el partido opositor liberal (UDN) fue ganando el apoyo de los sectores medios afectados por el costo de vida. Si bien las presiones de los sectores opositores se centraron en la figura de Goulart, que expresaba para la crítica liberal la “peronización” del gobierno brasileño, su desplazamiento no evitó las tensiones sobre el régimen. A partir de 1954 se incrementaron los ataques y las denuncias de corrupción contra el gobierno. Vargas intensificó las posiciones nacionalistas y obreristas, pero terminó aislado políticamente y decidió terminar abruptamente con su gobierno quitándose la vida.

GETÚLIO VARGAS (1882-1954)

Si Estados Unidos había mantenido una posición conflictiva pero distante con estas experiencias nacionalistas-populistas del Cono Sur, fue diferente su relación con otros gobiernos, también nacionalistas, que afectaban directamente sus intereses económicos y geopolíticos. El caso paradigmático en este período es el de Guatemala. A diferencia de otros países del continente, Guatemala era todavía en la década del cuarenta un país con mayoría de población campesina, que trabajaba en las plantaciones de azúcar y banana de la UnitedFruitCompany. La empresa norteamericana controlaba la tierra, las comunicaciones y el comercio, y su injerencia en la vida política era decisiva. Tras la caída del dictador Jorge Ubico, empujado por la oleada democratizadora que acompañó el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, EE.UU. y la oligarquía procuraron conducir la transición, pero diferentes sectores reunidos en torno de consignas democratizadoras lograron imponerse y constituyeron una Junta Revolucionaria, que organizó el llamado a elecciones. La victoria de Juan José Arévalo constituyó el triunfo de los sectores medios, con el apoyo de amplias masas obreras y campesinas.Durante su gobierno (1945-1950), se ampliaron los derechos políticos con la extensión del derecho de voto a las mujeres y los analfabetos (que constituían casi el 70% de la población). También se promulgó un nuevo código laboral y se impulsaron políticas sociales. En pocos años la vida política ganó en intensidad con la formación de nuevos sindicatos y partidos, entre los que se contaba el Partido Guatemalteco del Trabajo, constituido a partir de 1949 y luego rebautizado Partido Comunista, con pocos miembros pero con fuerte gravitación en la central sindical nacional. El proceso de cambio abierto por Arévalo se profundizó durante la presidencia de Jacobo Árbenz (1950-1954). Bajo su gobierno se nuclearon sectores democráticos de la burguesía, con apoyo de la central sindical comandada por el comunismo, y campesinos movilizados por la promesa de una reforma agraria. Esta fue impulsada a partir de 1951 y, si bien afectó principalmente a los latifundios improductivos, bajo promesas de indemnización, constituía un desafío a la UnitedFruitCompany. Las tierras fueron repartidas entre los campesinos para uso particular y cooperativo.

EE.UU. propició que la OEA declarara la amenaza del comunismo en Guatemala y preparó el terreno para el golpe militar. Con apoyo norteamericano y de las dictaduras centroamericanas afines, como la de Somoza en Nicaragua, el general Castillo Armas derrocó a Árbenz en 1954, que se negó a armar a las organizaciones populares para defenderse ante el ataque. El desenlace de esta experiencia de reformas ofrecería algunas lecciones para las expectativas de cambio en el resto del continente.

Las repercusiones llegarían, por ejemplo, a la lejana Bolivia, donde en 1952 se había producido una revolución. Bolivia, al igual que Guatemala, era un país de población mayoritariamente campesina, pero con una gran cantidad de trabajadores de la minería. En 1946, con apoyo del comunismo, había sido desplazado el presidente Gualberto Villarroel, al que se acusaba de tener simpatías por el fascismo. El gobierno del “sexenio” (1946-1952), encabezado por Enrique Hertzog y Mamerto Urriolagoitia, debió afrontar la oposición de un espectro de actores políticos: el Partido Obrero Revolucionario (POR), de orientación trotskista, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y fundamentalmente la potente Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), que era conducida por el combativo dirigente Juan Lechín. En las elecciones de 1951 se impuso el MNR, pero el presidente civil convocó a una Junta Militar para impedir el ascenso de los nacionalistas. El autogolpe propiciado por sectores liberales y conservadores generó la respuesta del MNR, que encabezó un levantamiento armado. El enfrentamiento con el ejército se inclinó en favor de la insurrección debido a la irrupción de los trabajadores mineros, que intervinieron armados con dinamita: lo que parecía una disputa palaciega se transformó en una revolución.

MINEROS BOLIVIANOS EN LA REVOLUCIÓN DE 1952

El dirigente del MNR Víctor Paz Estenssoro asumió la presidencia y organizó la Central Obrera Boliviana (COB), presidida por Lechín. El gobierno revolucionario funcionaba con el doble comando del MNR y la COB. Las principales medidas impulsadas fueron la implementación del sufragio universal, que permitió incluir a las mayorías indígenas, la nacionalización de las minas y la reforma agraria.En torno de estas transformaciones convivían dos lógicas diferentes. Por un lado, el MNR impulsaba el control estatal de la producción minera y el desarrollo capitalista en el campo, para desarticular las viejas estructuras de tipo “feudal”. Mientras tanto, la COB propiciaba el control obrero sobre la minería y se oponía al pago de indemnizaciones (reclamadas por EE.UU.), al tiempo que se pronunciaba en contra de la reorganización del ejército, para sostener las milicias de trabajadores armados que habían hecho la revolución. Esa disputa se profundizó a partir del gobierno de Siles Suazo (1956-1960). La crisis de ingresos del Estado provocada por la nacionalización de las minas, la caída de la producción agrícola y la necesidad de importar alimentos, además de la implementación de programas sociales, derivó en emisión monetaria y en procesos inflacionarios. Frente al ahogo financiero se recurrió a la ayuda de EE.UU., que en 1958 pagaba un tercio del presupuesto del Estado boliviano.

EE.UU. asumió una posición condescendiente con el gobierno, de acuerdo con la percepción de que el nacionalismo del MNR tenía mayor capacidad para controlar la radicalización del proceso que se había abierto con la revolución. Probablemente la dirección emenerreísta tenía presente el desenlace de la revolución en Guatemala. Las respuestas de Siles Suazo y posteriormente de Paz Estenssoro, que fue nuevamente elegido presidente en 1960, a los reclamos de los trabajadores tendieron a la represión  y a aceptar las recomendaciones de los organismos internacionales de crédito, como el FMI, de control de la emisión monetaria. El MNR había encontrado apoyo en los campesinos, que se beneficiaron de la reforma agraria y no aceptaban la dirección política de los obreros mineros.

El plan de estabilización y ajuste profundizó la brecha con los sectores de izquierda. Si bien se buscaron acercamientos a través de la incorporación de Lechín como vicepresidente enuna segunda presidencia de Paz Estenssoro, este terminó rompiendo los vínculos con el brazo izquierdo de la revolución y reorganizó el ejército con entrenamiento norteamericano en la lucha anticomunista. En 1964 el ejército prescindió de Paz Estenssoro y lo derrocó. 

VÍCTOR PAZ ESTENSSORO (1907-2001), RETRATADO EN UNA ESTAMPILLA DEL CORREO DE BOLIVIA.

Mientras estas experiencias nacionalistas tenían lugar, la preocupación por el desarrollo económico había impulsado la búsqueda de caminos menos convulsionados, que implicaran reformas (en lugar de revoluciones). En 1948 se creóla Comisión Económica para América Latina (CEPAL), cuya sede principal se estableció en Santiago de Chile. Se trataba de un organismo dependiente de las Naciones Unidas encargado de producir investigaciones sobre la situación económica de los países latinoamericanos. Si bien su función debía ser ofrecer estadísticas y aportar a las iniciativas del renovado panamericanismo, sus actividades propiciaron el despliegue de un pensamiento latinoamericano sobre la economía.A partir de la dirección del economista argentino Raúl Prebisch, desde 1950, el organismo difundió un diagnóstico sobre los condicionantes del desarrollo latinoamericano que se enfocaba en la problemática relación entre las economías centrales y periféricas, que explicaba el deterioro de los términos de intercambio. De allí se desprendía la necesidad de dejar atrás las viejas estructuras de la propiedad agraria y la centralidad de la exportación de productos primarios, y de reorientar la economía hacia el desarrollo industrial. Para esto se recomendaba la activa participación del Estado, con el objetivo de orientar las inversiones extranjeras hacia ciertos sectores de la industria. Estos diagnósticos y recomendaciones, que se distanciaban de las tradicionales recetas liberales para el desarrollo, se transformaron en la plataforma política de algunos dirigentes. El “desarrollismo”, tal como se conoció a esta variante originada en las recomendaciones cepalinas, proponía, a través de la inversión extranjera, solucionar lo que aparecía como un problema de los gobiernos populistas respecto de los límites del modelo industrial dependiente y la persistencia de las exportaciones de productos primarios como fuente de divisas.Los gobiernos de Arturo Frondizi en la Argentina (1957-1962) y de JuscelinoKubitschek en Brasil (1956-1961) fueron ejemplos de la aplicación de este tipo de políticas.

FOTO DE ÅKEBORGLUND, 1957

DURANTE EL GOBIERNO DE JUSCELINOKUBITSCHEK SE LLEVÓ ADELANTE EL AMBICIOSO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CIUDAD DESTINADA A LAS FUNCIONES DE CAPITAL ADMINISTRATIVA: BRASILIA.

En la década de los cincuenta, fundamentalmente durante la presidencia del republicano Dwight Eisenhower (1953-1961), EE.UU. sostuvo una política de libre comercio hacia América Latina, en contraste con los postulados cepalinos. Algunos presidentes, como José Figueres en Costa Rica (1953-1958) o Rómulo Betancourt en Venezuela (1959-1964), propiciaban una ayuda económica más decididade EE.UU. a los gobiernos democráticos, como una forma de evitar la radicalización de las masas y su inclinación hacia las experiencias nacionalistas o hacia el comunismo. Esta advertencia, sin embargo, debió esperar hasta los años sesenta para que alcanzara repercusión en la política exterior norteamericana. Para ese entonces ya existía el antecedente inmediato de la Revolución cubana de 1959.

La década de los sesenta se inicia, entonces, con un acontecimiento que marcará las expectativas políticas de los siguientes veinte años en América Latina, produciendo rupturas con las viejas prácticas y concepciones políticas. Esas rupturas no solo afectaron a quienes consideraban que había llegado la hora de la revolución y que debían lanzarse a seguir el ejemplo cubano, sino tambiéna los sectores que buscaban frenar y combatir el contagio revolucionario, quienes se convencieron de que era necesaria una intervención más radical en el escenario político, económico y social. De allí que en esta década convivieran procesos de radicalización política con nuevas expresiones de autoritarismo militar que buscaban transformar de raíz las condiciones que permitían la movilización popular y las expectativas revolucionarias.

En el campo de las izquierdas, la Revolución cubana despertó una inquieta revisión de viejos paradigmas, en el marco de unarevitalización del marxismo. ¿Era necesario atravesar una revolución burguesa para llegar al socialismo? ¿Cuál era el potencial político del campesinado? ¿Qué relación debía establecerse entre el ala militar y el ala política de las organizaciones? Los Partidos Comunistas desconfiaban del voluntarismo de los jóvenes que buscaban reproducir el ejemplo cubano en otros contextos. Sostenían la necesidad de construir un frente político encabezado por el proletariado para luchar contra el imperialismo y las oligarquías. Por contraste, quienes impulsaban la formación de guerrillas buscaban dejar atrás las estructuras burocráticas de los partidos y lanzarse a la revolución sumando el apoyo de campesinos y sectores urbanos a la estrategia de lucha armada.

Este proceso de radicalización política impactóen la formación de guerrillas en buena parte de los países del continente, inspiradas en el ejemplo cubano.Existieron, sin embargo, tres diferentes estrategias en las definiciones de los grupos revolucionarios. El foco guerrillero inspirado en la práctica de los revolucionarios de la Sierra Maestra se reprodujoen Venezuela, Perú, Bolivia y Chile. En otros países, como Colombia, Guatemala, Nicaragua, y El Salvador surgieron grupos dispuestos a desarrollar una guerra popular prolongada con asiento en zonas rurales. Por último, en Brasil, Uruguay y Argentina, debido al predominio de población en las ciudades, se formaron guerrillas urbanas.

Más allá de la violencia política o de la estrategia de lucha, en esos años se instaló una noción de cambio radical, que cuestionaba todas las dimensiones de la sociedad (las costumbres, las mentalidades, la sexualidad, los regímenes políticos). La política definía el marco que daba sentido a todas las prácticas, yla pertenencia a la izquierda se convirtió en un elemento de legitimidad de las prácticas intelectuales.

El horizonte de la revolución se había desplazado hacia el Tercer Mundo.En el marco de la coexistencia entre los dos grandes frentes (el mundo capitalista liderado por Europa Occidental y Estados Unidos, y el bloque soviético) y el congelamiento de las expectativas revolucionarias en los países centrales, la revolución producida en Cuba se sumaba a las luchas anticolonialistas en África y la guerra de Vietnam.

En ese marco se desplegaron lecturas sobre el problema colonial que actualizaron las perspectivas sobre la complementariedad entre el desarrollo capitalista y el imperialismo. En oposición a las propuestas de modernización y a las recomendaciones cepalinas, un grupo de intelectuales inspirados en el marxismo desplegó una crítica a los fundamentos  del “desarrollismo”. La llamada “teoría de la dependencia”sostenía que el desarrollo y el subdesarrollo eran caras de una misma moneda, y no etapas sucesivas. La condición del desarrollo de los países centrales era la existencia de regiones periféricas. Por lo tanto, el subdesarrollo de América Latina no era una condición transitoria sino estructural, relacionada con el orden capitalista mundial. La superación de ese orden aparecía en el horizonte de expectativas de muchos sectores: incluso la Iglesia católica, una de las instituciones más conservadoras, se vio sacudida por nuevas perspectivas desarrolladas en torno del Concilio Vaticano II, que permitieron el surgimiento de una vertiente crítica y radicalizada conocida como “teología de la liberación”. En esa corriente se inscribieron las prácticas de algunos sacerdotes que llegaron a considerar que la opción más coherente para sostener los principios del “cristianismo revolucionario” era sumarse a la lucha armada.

EL CURA CAMILO TORRES RESTREPO SE SUMÓ A LAS FILAS DEL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL EN COLOMBIA, Y MURIÓ EN COMBATE EN 1966.

Ese contexto de radicalización y el “peligro del contagio de Cuba”, motivaron nuevas respuestas de EE.UU. La primera fue el despliegue de una estrategia de ayuda económica más decidida a través de lo que se conoció como Alianza para el Progreso. La propuesta impulsada por el presidente demócrata John. F. Kennedy(1961-1963) consistía en la inyección de dinero, fundamentalmente orientado a los países con gobiernos de orientación reformista, para fomentar el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. El diagnóstico suponía que la consolidación de la democracia política vendría de la mano de mejores condiciones sociales. Sin embargo su impacto fue limitado, no solo porque el asesinato de Kennedy en 1963 modificó el escenario político norteamericano, sino porque el moderado desarrollo alcanzado a través de la ayuda económica no logró contener las necesidades de una población en crecimiento, y porque diversos sectores consideraron que las soluciones autoritarias eran más efectivas para contener el conflicto social. Así, durante el gobierno de Lyndon Johnson (1963-1969), la ayuda económica convivió con una agresiva política exterior que incluyó una nueva invasión a República Dominicana en 1965, y el apoyo a golpes militares, como los que se produjeron en Bolivia y en Brasil en 1964.

La respuesta a la conmoción social y a los cuestionamientos al orden establecido fue una ofensiva “contrarrevolucionaria” comandada por las fuerzas militares. Estas consideraban que había una relación entre la necesidad de establecer el orden y lograr el desarrollo económico. De acuerdo con las perspectivas de los regímenes represivos, para estimular la inversión y resolver el estancamiento económico era necesario desmantelar el poder colectivo de las clases trabajadoras. La política, como el espacio en el que se dirimen los conflictos, debía quedar suspendida o reducida a una mínima expresión, mientras el gobierno debía ser dirigido por cuadros técnicos, militares o de las corporaciones. La reactivación económica vendría de la mano de los vínculos con corporaciones multinacionales y del crédito otorgado por organismos internacionales, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. De esta manera, las experiencias que conformaron los llamados Estados burocrático-autoritarios tendieron a reemplazar la política por la gestión, para resolver los “vicios de la democracia”.

En Argentina, el golpe de Estado encabezado por Juan Carlos Onganía en 1966 se sustentó en ese tipo de diagnóstico. La autoproclamada Revolución Argentina expresaba el objetivo de producir transformaciones radicales para resolver los problemas del desarrollo. La imposición del orden a través de prácticas represivas, la neutralización del poder de resistencia del movimiento obrero y la suspensión de la actividad política fueron las medidas queacompañaron un plan económico de estabilización, congelamiento de salarios y fomento de inversiones extranjeras orientadas a la industria automotriz y metalmecánica. El auge de la inversión durante esos años estuvo acompañado por unacreciente movilización social y por el mencionado proceso de radicalización política, que condensó en una movilización de trabajadores y estudiantes conocida como el Cordobazo, en 1969.

EL CORDOBAZO FUE UNA PROTESTA DE TRABAJADORES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, COMANDADA FUNDAMENTALMENTE POR LOS SINDICATOS DE ORIENTACIÓN “CLASISTA”, EN CONTRA DE LA DICTADURA DE ONGANÍA.

El contexto de clausura de las vías de participación política incrementó también la actividad de las organizaciones guerrilleras, como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que en los primeros años de la década de los setenta llevaron adelante una serie de acciones violentas. El clima generado en torno de esos cuestionamientos radicales al orden establecido condujo al desplazamiento de Onganía y derivó en la reapertura del sistema político, con la necesaria reincorporación del peronismo al terreno electoral, en 1973.

Tal vez el caso que mejor sintetiza el derrotero de los escenarios políticos que estamos analizando sea el de Chile. La victoria electoral de CarlosIbáñez en 1952 pareció dar lugar al populismo, en un país con tradiciones políticas reactivas a este tipo de experiencias. Ibáñez era un viejo dictador que había presidido el país entre 1927 y 1931, con un fuerte liderazgo personal y un discurso nacionalista crítico de las instituciones de la democracia liberal. Su llegada al gobierno en la década del cincuenta recogía el apoyo de sectores militares reformistas, de grupos nacionalistas y, en menor medida, socialistas, que veían con simpatía al peronismo trasandino. Sin embargo Ibáñez sostuvo poco tiempo la posibilidad de encabezar un frente multiclasista y se recostó sobre el apoyo de liberales y conservadores, quienes lo secundaron en la aplicación de las recomendaciones del FMI para enfrentar un contexto de crisis e inflación. Las medidas de ajuste exigidas para garantizar financiamiento generaron protestas y movilizaciones y alcanzaron escasos resultados para promover soluciones a los problemas acuciantes. Jorge Alessandri reemplazó a Ibáñez en 1958. El hijo de Arturo Alessandri, presidente en los treinta, continuó con una política monetaria ortodoxa y buscó orientar las inversiones extranjeras hacia la producción de cobre, con el objetivo de incrementar la exportación del mineral que era uno de los sostenes de la economía chilena. Sin embargo, los resultados fueron modestos. La población pobre de las ciudades había crecido notablemente y ofrecía nuevos desafíos a la política chilena. En 1964, y frente a la posibilidad de que la coalición de socialistas y comunistas se alzara con la victoria, los sectores conservadores apoyaron al candidato reformista del recientemente creado Partido Demócrata Cristiano, Eduardo Frei, que alcanzó la presidencia. Se trataba del modelo de gobierno reformista que impulsaba la Alianza para el Progreso: tenía un programa progresista de reformas que incluía el reparto de tierras, la participación estatal en la explotación del cobre y el impulso de políticas sociales, como la construcción de viviendas. Frei contó con recursos externos e introdujo al Estado en la producción del cobre a través de la compra parcial de algunas compañías. La iniciativa generó mayores ganancias para las empresas norteamericanas, en un contexto de alza de los precios internacionales, que aumentos en los niveles de producción. Estas medidas no satisfacían las demandas de nacionalización de los sectores de izquierda (incluso de los que formaban parte del PDC). Hacia 1970, y frente al límite constitucional a una reelección, los democratacristianos perdieron terreno frente a la figura de Salvador Allende, quien volvía a presentarse como el referente de la “izquierda marxista”, esta vez con un nuevo frente denominado Unidad Popular (UP). Los sectores conservadores y liberales intentaron reponer la figura de Alessandri, pero resultó ganador, por escaso margen, Salvador Allende.

SALVADOR ALLENDE (1908-1973)

Chile había atravesado el período liberal de posguerra, el reformismo desarrollista en los sesenta, y se aventuraba, ahora, a llevar más allá las transformaciones a través de un intento de llegar al socialismo por la vía democrática.

Las primeras medidas del gobierno de Allende estuvieron orientadas a mejorar la situación de los trabajadores mediante incrementos salariales, junto con una política de control de precios para evitar la inflación. Se avanzó en la nacionalización de sectores importantes de la economía, como las compañías de explotación del cobre, el acero, el carbón y buena parte de los bancos extranjeros. Las nacionalizaciones, sin indemnización de las empresas afectadas, produjeron el rechazo de algunos sectores políticos y principalmente la oposición de EE.UU., que bloqueó el financiamiento externo. En el campo se inició el reparto de tierras, que se vio desbordado por la presión de sectores radicalizados que expulsaron a algunos hacendados.

Existía, en este proceso, una tensión entre el impulso dado a ciertas medidas orientadas a la socialización de los medios de producción y los obstáculos surgidos de la oposición en el Congreso. La UP se había impuesto en las elecciones con un porcentaje escaso de diferencia de votos que no le aseguraban mayoría parlamentaria. La posibilidad de concentrar el poder, como se había hecho en Cuba, o de generar instancias de participación y decisión diferentes al sistema democrático representativo no llegó a desarrollarse.

Esto generó un límite al avance en la transición hacia el socialismo, debido a las trabas que surgían a la posibilidad de llevar adelante reformas estructurales para resolver la necesidad de nuevas inversiones y controlar los procesos inflacionarios; el boicot, la presión norteamericana y la existencia de un mercado negro en expansión generaron un clima de inestabilidad luego del primer año de gobierno. Sin embargo, crecía también la participación popular a través de organizaciones obreras en los cordones industriales, las Juntas de Abastecimientos y Precios, en los barrios populares, y los Comandos Comunales entre los campesinos. La experiencia chilena conformaba en esos años un escenario de atención internacional debido a las expectativas de sectores que buscaba construir una vía pacífica al socialismo. 

Hacia 1972 el clima político estaba atravesado por nuevas tensiones. Los grupos de izquierda de la UP (entre ellos los miembros del MIR, que provenían de una experiencia anterior de guerrilla guevarista) buscaban avanzar con las reformas, mientras que los sectores moderados temían la reacción de la derecha. Entre protestas y conspiraciones, Allende se negó siempre a desviarse de los marcos legales.

Los resultados de las elecciones parlamentarias de mayo de 1973 le negaron a la oposición la posibilidad de contar con una mayoría absoluta que habilitara mecanismos constitucionales para desplazar al presidente. Incluso la UP consiguió mejorar la performance electoral respecto de los resultados de 1970. Frente a ese contexto, el camino de la oposición fue enfilando hacia el golpe.

Los intentos de acercamiento a la Democracia Cristiana fracasaron, y el gobierno debió enfrentar una dura huelga de los empresarios camioneros que paralizaron el transporte. El caos económico fue apuntalado por el apoyo norteamericano. Finalmente el 11 de septiembre de 1973 el gobierno fue derrocado por un golpe militar encabezado por Augusto Pinochet, quien había sido recientemente designado al frente de las Fuerzas Armadas, y que abandonó el tradicional apego a las soluciones democráticas. El golpe ponía fin a la vía democrática al socialismo e inauguraba una extensa dictadura militar, con fuertes componentes represivos, que introduciría cambios estructurales e importantes retrocesos respecto de los niveles de participación y el mejoramiento de la situación de los sectores populares en Chile.

EL BRUTAL ATAQUE A LA MONEDA, EL PALACIO DE GOBIERNO DE CHILE, PROVOCÓ LA MUERTE DEL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE, QUIEN RECHAZÓ LAS PROPUESTAS DE ABANDONAR EL CARGO Y MARCHAR AL EXILIO)

Hubo un caso en el continente en el que la intervención militar no tuvo el sesgo reaccionario y antipopular de otros países. Fue singular, en ese sentido, el gobierno militar de Velasco Alvarado en Perú (1968-1975), al que se puede ubicar dentro de la familia de las experiencias nacional-populistas. El golpe que llevó a los militares nuevamente al gobierno puso fin a la experiencia democrática de Belaúnde Terry (1963-1968). Durante ese gobierno la expectativa producida por las promesas de repartode tierras y de intervenciónestatal para atender la cuestión social, dentro de los marcos definidos por la Alianza para el Progreso, fue perdiendo intensidad. Hacia 1966 las extensas zonas rurales del Perú se habíantransformado en territorios de las primeras organizaciones guerrilleras, y la respuesta fue un violento enfrentamiento encabezado por fuerzas militares.Por otro lado, las primeras medidas de intervencionismo estatal en la economía parecieron diluirse frente a las concesiones otorgadas a la International PetroleumCompany, de capitales norteamericanos. La intervención de los militares partía de la necesidad de producir reformas radicales con un sentido nacionalista. Pero si en otros países durante esos mismos años se habían priorizado las soluciones autoritarias para imponer la desmovilización, y los planes de estabilización económica que tendían a facilitar las condiciones para los inversores, en este caso se avanzó en una serie de medidas orientadas a mejorar la situación de los sectores excluidos, acompañadas de iniciativas para la organización y participación de campesinos y trabajadores. El gobierno militar impulsó el reparto de tierras, la nacionalización de empresas –la mayoría norteamericanas–, y propició la organización decooperativas de trabajadores y su participación a través del llamado Sistema Nacional en Apoyo a la Movilización Social, cuya sigla era la significativa expresión SINAMOS. Las medidas generaron reacciones adversas de EE.UU., aunque luego primó la tendencia a negociar indemnizaciones y acuerdos. Los miembros de la elitetradicional peruana también se opusieron y denunciaron las medidas autoritarias del gobierno. Pero la debilidad de la experiencia de Velasco Alvarado radicó en que no llegó a producir la adhesión de los grupos beneficiados. Esto se debió en parte a que las nuevas formas de organización “desde arriba” tendieron a chocar con la estructura de sindicatos o las organizaciones comunitarias y políticas previamente existentes. El gobierno militar había podido llevar adelante las reformas gracias a actuar sin compromisos con ninguna clase en particular. Esa era, al mismo tiempo, su mayor debilidad. En 1975 Velasco Alvarado fue desplazado por otros sectores del ejército, que pusieron fin a la experiencia nacionalista.

JUAN VELASCO ALVARADO (1910-1977)

En México los escenarios estuvieron signados por el restablecimiento de las relaciones con EE.UU. yla continuidad de la referencia a la Revolución de las primeras décadas del siglo XX, como marco dentro del cual se dirimirían por muchos años los conflictos políticos.

Durante la Segunda Guerra Mundial México fue, junto con Brasil, uno de los países que envió tropas a combatir en el bando de los aliados. Miguel Alemán, el primer presidente civil luego de la Revolución, fue el encargado de impulsar el “desarrollo” a través de un ambicioso plan de obras públicas. Durante su gestión presidencial (1946-1952), el partido oficial fue rebautizado como Partido Revolucionario Institucional (PRI). Entre 1952 y 1964 las presidencias de Ruiz Cortines (1952-1958) y López Mateos (1958-1964) buscaron impulsar medidas de estabilización y alternaron entre la represión y las concesiones a las protestas de los trabajadores. Díaz Ordaz (1964-1970) recibió la herencia de la tenue apertura política generada por su antecesor, pero el principal conflicto político se generó en torno de las protestas de 1968, que terminaron en la represión conocida como la “matanza de Tlatelolco”, en la que fueron asesinados cientos de estudiantes.La protesta expresaba el clima de movilización social y radicalización política que se vivía en todo el continente y que en ese año de 1968 alcanzaría un punto de intensificación en diferentes escenarios. En México “no hizo falta” acudir a un gobierno de las fuerzas armadas, debido a que el PRI asumiría las prácticas de “lucha antisubversiva” para contrarrestar los cuestionamientos al orden establecido.

Esas prácticas, sustentadas en la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, marcarían las respuestas autoritarias a las expectativas de cambio durante la década de los setenta en buena parte del subcontinente.

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