V. El tercer mundo

A lo largo de los años dorados, en el sur africano se entrelazaron dos regímenes opresivos: la dominación de Portugal sobre Angola y Mozambique, y el apartheid, que tuvo su principal sostén en Sudáfrica.

Con la llegada del Partido Nacional al gobierno en Pretoria en 1948, la minoría blanca aprobó una serie de duras leyes racistas que institucionalizaron la segregación racial en Sudáfrica. Esta política solo pudo mantenerse gracias a la violencia extrema ejercida por el gobierno: un ejército de ciudadanos blancos con una fuerza potencial de 250.000 hombres, una fuerza escogida de 50.000 soldados con dedicación parcial, un aparato policial de 20.000 hombres y una reserva de policía de 6.000 efectivos.

La instauración del apartheid fue un ajuste político antes que económico. El núcleo del programa nacionalista era la separación territorial y política de los africanos y tuvo dos principios claves: la reorganización del sistema de control de los nativos, tanto en las reservas como en las ciudades, y los traslados forzosos destinados a desplazar a la población nativa de las ciudades para concentrarla en zonas habitadas solo por africanos. De 1940 a 1965, la resistencia en las reservas fue una práctica habitual y no un acontecimiento excepcional. En casi todos los casos, en el transcurso de cada levantamiento fueron cuestionadas las autoridades nativas.

Según lo prescripto por la ley de Registro Poblacional, todos los sudafricanos fueron clasificados según tres categorías principales: blanco, negro y de color, que a su vez incluían una serie de subgrupos. La adscripción de cada individuo a una raza se basaba en la apariencia, la aceptación social y la ascendencia. La legislación racial abarcó todos los aspectos de la vida social: la prohibición de matrimonios mixtos y las relaciones sexuales entre blancos y no blancos; la educación diferenciada y restringida para los niños de color, y en el terreno laboral la distinción de algunos trabajos como exclusivos para blancos junto con la prohibición de crear sindicatos y realizar huelgas impuesta a los africanos.

La ley de Autoridades Bantúes de 1951, con sucesivas enmiendas, estableció las bases para el gobierno separado de las reservas africanas, conocidas como homelands (tierra natal o tierra madre). Se esperaba que todos los africanos fuesen reubicados en estos Estados independientes de acuerdo a su ficha de origen. Se pretendía volver a la institución del jefe tribal como base de la administración de la población africana. Todo acto político de los africanos quedó así restringido a la esfera del homeland al que estuvieran asignados, perdiendo de este modo la ciudadanía sudafricana. Se crearon cinco de estos pseudo-Estados y sus habitantes fueron obligados a portar el pass book, una suerte de documento de identidad que contenía su clasificación racial y su autorización  –si la tenía– para acceder a determinadas áreas blancas, básicamente para trabajar. El africano se convirtió en un intruso en las ciudades y su permanencia en ellas quedó sujeta a un contrato de trabajo. Dados los bajos salarios y de la necesidad de enviar dinero a sus familias, los migrantes sobrevivían malamente encerrados en albergues.

El sistema racista no sufrió sanciones efectivas por parte de las democracias occidentales. Los grandes capitales se mostraron interesados en radicarse en la región, atraídos por la productividad de su economía. Las inversiones extranjeras, especialmente las norteamericanas, quintuplicaron su valor entre 1958 y 1967. Simultáneamente, la política comercial proteccionista de los afrikáners contribuyó a la expansión de la infraestructura necesaria para la instalación de grandes industrias, creando un polo industrial capaz de abastecer a toda el África austral. Ni los Estados Unidos ni Gran Bretaña se comprometieron con las medidas de presión sobre el gobierno sudafricano impulsadas por las Naciones Unidas, especialmente a partir de la matanza de Sharpeville en 1960, causada por a dura represión contra una movilización que denunciaba la ley que limitaba la circulación de los trabajadores negros en áreas reservadas a los blancos.

MASACRE DE SHARPEVILLE

FOTO DE IAN BERRY, AGENCIA MAGNUM

El “clima de paz”, sostenido por la represión sistemática posterior a Sharpeville, estuvo asociado con un relevante crecimiento industrial liderado por algunas grandes empresas. Este salto fue acompañado por el crecimiento de la clase obrera industrial y su capacitación a través de la expansión de la educación posprimaria, para satisfacer la demanda de los centros fabriles. Simultáneamente, la prosperidad económica propició la movilización de la mano de obra migratoria urbana y de la juventud educada de las poblaciones; sus protestas cerraron el ciclo de calma de los años sesenta.

En los primeros tiempos, los líderes del Congreso Nacional Africano, creado en 1912 –egresados de escuelas dirigidas por misioneros y recibidos en universidades norteamericanas y europeas–, creyeron que podrían convencer a los afrikáners de la injusticia de las leyes de segregación racial y de que los liberales anglófilos admitirían la participación de los negros en la política. La Liga de la Juventud del Congreso Nacional Africano, creada en 1944 y de la que Nelson Mandela fue elegido secretario tres años después, fue la primera organización en radicalizarse. Frente a la institucionalización del apartheid a fines de la década de 1940, la dirigencia del Congreso recogió sus propuestas pasando de la denuncia de la injusticia en el marco de la ley a la protesta pacífica y de ahí al boicot y a las manifestaciones. El nuevo rumbo, inspirado en los métodos de lucha política de la minoría india y las estrategias de lucha sindical de los mineros negros, contemplaba el llamamiento a la huelga general, la desobediencia civil, la no cooperación y otros instrumentos de resistencia no violenta. En 1952, el partido puso en marcha por todo el país la Campaña de Desafío a las Leyes Injustas. Al mismo tiempo, Mandela y su círculo impulsaron la formación de un frente multirracial en torno de la Carta de la Libertad suscrita por los movimientos de indios, mulatos, liberales y socialistas. Los más intransigentes rechazaron esta apertura hacia otras etnias abandonando el movimiento para crear el Congreso Panafricano. A fines de 1961, un sector de la dirigencia del Congreso, Mandela entre ellos, convencido de la inutilidad de la lucha pacífica, decidió la creación de un cuerpo armado, Escudo de la Nación, que comenzó a atacar las instalaciones del gobierno y los destacamentos policiales.

En respuesta a la movilización de Sharpeville, el gobierno nacionalista declaró el estado de emergencia en todo el país, ilegalizó todas las organizaciones del movimiento africano y detuvo a sus dirigentes. Nelson Mandela, que ya había sido encarcelado y procesado en varias ocasiones, sufrió su condena definitiva en 1964.

Con el Congreso duramente golpeado y sus líderes encarcelados, entre los activistas en el exilio ganó fuerza la convicción de que la lucha armada de los oprimidos era la única vía para enfrentar el terror instrumentado desde el Estado. La experiencia de Vietnam, y luego las de Angola y Mozambique reforzaron esta idea. Pero no fue esta estrategia la que condujo a la crisis del apartheid. En los años setenta, la dominación de los blancos se resquebrajó al calor de las luchas obreras y del activismo de los jóvenes estudiantes: las huelgas de Durban en 1973 y el levantamiento de Soweto en 1976 fueron los dos acontecimientos simbólicos de esta escalada de movilizaciones sociales.

A lo largo de este período, el régimen de apartheid también prevaleció en Rodesia del Sur, la ex colonia británica, y en África del Sudoeste, bajo el dominio de Sudáfrica, que desconoció las resoluciones de la ONU declarando ilegal su ocupación de la ex colonia alemana. En los años sesenta ganó consistencia la Organización Popular de África del Sudoeste, liderada por Sam Nujoma, que reivindicó su alcance nacional, libre de connotaciones tribales, y se mostró dispuesta a encarar la lucha armada pidiendo apoyo a los países comunistas. Nujoma siempre enfatizó el carácter eminentemente anticolonial de su lucha, tratando de no quedar alineado con el bloque soviético. La guerra no declarada persistió hasta fines de la década de 1980.

En Rodesia del Sur, los colonos blancos no aceptaron negociar con Londres la integración de la población nativa a la vida política una vez reconocida la independencia. La población blanca, bajo la conducción de Ian Smith, declaró, unilateralmente, rotos sus lazos con Londres en noviembre de 1965 y el gobierno británico impuso sanciones económicas al nuevo país suponiendo que su gobierno revisaría el sistema de apartheid. Sin embargo, la minoría blanca contó con el apoyo de Sudáfrica y de la colonia portuguesa de Mozambique y, al mismo tiempo, el boicot económico fue escasamente respetado por las potencias occidentales. Por otra parte, la resistencia africana se dividió entre la Unión Popular Africana de Zimbabwe, con base entre los ndebele, y la Unión Nacional de Zimbabwe, apoyada por los shona y más intransigente que la primera. La minoría blanca no se avino a negociar en serio hasta los años ochenta, después de la caída del Imperio portugués y luego de que Sudáfrica redujera su ayuda.