III. Fascismo y nazismo

Los Estados del este y centro de Europa fueron diseñados en la mesa de paz por los vencedores. En el plano económico, las nuevas entidades fueron en gran medida inviables. Los países salidos del desmembramiento del Imperio austrohúngaro sufrieron la desarticulación del aparato productivo que había funcionado como una unidad: las hilanderías austríacas dejaron de surtir a las fábricas de tejidos chechas, los molinos húngaros quedaron sin grano y sin mercado, las industrias eslovacas sin capitales y sin personal húngaro. Los intercambios fueron obstaculizados por las políticas proteccionistas adoptadas por los nuevos gobiernos y por el bloqueo de los medios de transporte: cada país se posesionó de los vagones de ferrocarril de los que había sido una gran red única.

En algunos de los nuevos Estados, la economía preponderantemente rural y el hambre de tierras dio lugar a la existencia de partidos agrarios: el Partido Campesino de los hermanos Stjepan y Ante Radic en Croacia, la Liga Agraria de Alejandro Stambolisky en Bulgaria, el de Iuliu Maniu en Rumania. Sus programas, que proponían el reparto de la tierra a favor de los pequeños y medianos propietarios, fueron desestimados por los socialistas en virtud de su connotación burguesa. En la mayoría de los casos las reformas no prosperaron. Los avances más importantes se registraron en los países en que los grandes propietarios no pertenecían a la nacionalidad dominante del nuevo Estado nacional, el caso de Polonia, por ejemplo.

En virtud de la fuerte dependencia de estas economías de las exportaciones de productos primarios, el camino hacia la superación del atraso fue obstaculizado por la creciente brecha entre los precios agrícolas e industriales, y a partir del año 30, por la brutal caída de los primeros. Además, las burguesías eran muy débiles. Su fragilidad se debió tanto a razones económicas: la escasa disponibilidad de capitales, la debilidad de los mercados internos y las resistencias de las economías agrarias al cambio, como a causas políticas y culturales: sus integrantes pertenecían a las minorías nacionales –los alemanes y los judíos en Polonia y Hungría; los griegos, judíos y armenios en los Balcanes– y esto les restaba cohesión y la posibilidad de presionar a los gobiernos.

Las sociedades sobre las que se impusieron los nuevos Estados estaban atravesadas por fuertes tensiones entre los diferentes sectores sociales y culturales que integraban la escasamente cohesionada comunidad nacional. La heterogeneidad lingüística, histórica y religiosa se politizó, ya que el poder político y las posibilidades de movilidad social quedaron desigualmente repartidas, y entre las minorías nacionales se organizaron fuerzas con pretensiones separatistas.

Yugoslavia, por ejemplo, incluyó a grupos que, sobre la base de distintas trayectorias, presentaban fisonomías culturales y religiosas con destacados contrastes. Los eslovenos y croatas habían formado parte del Imperio austrohúngaro, eran católicos y se sentían más próximos a los círculos de la cultura latina. En el centro y el sur se solapaban en forma compleja distintos grupos. Por un lado, los serbios, que habían resguardado su identidad frente a la invasión de los otomanos a través de la preservación de la religión ortodoxa y la memoria de un pasado glorioso; por otro, los eslavos que, convertidos a la religión musulmana, se insertaron en el nuevo orden otomano –especialmente en Bosnia-Herzegovina–, y por último los albanos, un grupo étnico diferente del eslavo que asumió masivamente el islamismo. La fuerte rivalidad entre croatas y serbios marcó con su impronta al nuevo Estado y alcanzó su más sangrienta expresión a partir de la alianza de la derecha croata, el partido Ustacha, con el nazismo.

En cambio Hungría, brutalmente reducida después de la Gran Guerra, era muy homogénea, pero la mayor parte de los húngaros quedaron repartidos, como minoría nacional, en otros Estados de la región. La posterior alianza de los gobiernos conservadores con el nazismo hizo posible la anexión de parte de aquellos territorios que Budapest no pudo negociar en Versalles. No bien terminó la guerra, en este país se produjo la experiencia más radicalizada cuando el comunista Bela Kun, en marzo de 1919, encabezó una revolución para imponer una república soviética. El régimen se derrumbó en agosto de 1919, para dar paso a la larga dictadura del almirante Miklós Horthy.

BELA  KUN (1886-1938)

En el caso de Austria, los contrastes entre el interior rural y Viena marcaron la vida política del pequeño país. La ciudad, que había sido capital de un imperio con cerca de 54 millones de habitantes, pasó a ser la gran urbe cultural de un Estado con solo 7 millones. El Partido Socialista mantuvo su sólido arraigo entre los obreros vieneses, pero no logró avanzar en el ámbito rural, donde prevalecieron los socialcristianos. El decidido antisocialismo de los gobiernos conservadores que defendían la soberanía nacional de Austria abrió el camino para el avance de los nazis austríacos sostenidos por Hitler, y para la eliminación del Estado austríaco que, en 1938, fue anexado (el Anschluss) al Tercer Reich.

La población básicamente rural de Eslovaquia, que había estado bajo el dominio del reino de Hungría, no se sintió plenamente incorporada al nuevo Estado checoslovaco controlado por los checos de Bohemia y Moravia, regiones con un destacado desarrollo urbano e industrial que habían dependido de Austria. Otro grupo que impugnó la creación de Checoslovaquia fue el de los alemanes de la región de los Sudetes, ahora una minoría en el nuevo Estado. Tanto los eslovacos como los alemanes que cuestionaban el predominio de los checos favorecieron el ingreso de los nazis y el desmembramiento de Checoslovaquia entre 1938 y 1939. Aquí, el avance de los nazis posibilitó la emergencia de una Eslovaquia independiente, activamente comprometida con la sangrienta expansión del nazismo.

Mientras en Checoslovaquia la república se mantuvo en pie hasta la invasión de los nazis, el resto de los países quedó en manos de dictadores. En algunos casos fueron militares: el mariscal Józef Pilsudski en Polonia, el almirante Miklos Horthy en Hungría, el general Ioannis Metaxas en Grecia. En otros países, fueron los monarcas quienes pusieron fin al gobierno parlamentario el rey Alejandro I en Yugoslavia, el rey Carol II en Rumania, y Boris III zar de Bulgaria. En Austria, el político católico Engelbert Dollfuss estableció en 1933 una dictadura y reprimió violentamente los intentos de resistencia socialista, para ser luego asesinado por los nazis. Todos estos gobiernos reformaron las constituciones, restringiendo el papel del Poder Legislativo. Algunos autores han considerado a estos regímenes como variantes del fascismo; la mayor parte los distingue como gobiernos autoritarios de tipo conservador. Estas dictaduras tradicionales no encararon la reorganización del Estado en un sentido totalitario, mantuvieron algunas instituciones representativas prometiendo su restauración, y permitieron cierto grado de pluralismo político. Se implantaron en países menos modernizados que aquellos en los que se impuso el fascismo, y fueron apoyadas por la oligarquía tradicional y el Ejército. Esta variante autoritaria no fue la respuesta a la agudización de la lucha de clases; básicamente sus gobiernos buscaron imponer el orden sobre sociedades atravesadas por tensiones derivadas del atraso y de la escasa cohesión nacional. En relación con el bajo nivel de movilización política, una dictadura tradicional era suficiente para proteger los intereses de los grupos dominantes.

En algunos países, las relaciones entre las fórmulas conservadoras o autoritarias y los movimientos fascistas –por ejemplo Guardia de Hierro en Rumania, Cruz de Flechas en Hungría– estuvieron marcadas por la competencia y el conflicto abierto. En el caso húngaro, la dictadura de Horthy impidió el desarrollo de los primeros grupos profascistas, o bien terminó por absorberlos. También frenó el ingreso al gobierno de Cruz de Flechas, creada en el marco de la crisis de los años treinta y con arraigo en sectores populares, especialmente el campesinado. Recién en 1944, ante las dudas de Horthy sobre mantener la alianza con el Eje, que perdía la guerra, los alemanes impusieron a Ferenc Szálasi, el líder del movimiento Cruz de Flechas, cuyas ideas presentaban destacadas afinidades con las del nazismo. En cambio en Rumania, los vínculos entre el gobierno y los grupos fascistas estuvieron signados por bruscas oscilaciones hasta la definitiva represión de Guardia de Hierro por parte del ejército.

En el extremo occidental de Europa, en Portugal, la república se proclamó en 1910, y en 1911 fue aprobada una constitución democrática. Pero la división de los republicanos en facciones rivales, combinada con los graves problemas económicos y sociales, hizo muy difícil la consolidación de la democracia. Su breve historia estuvo jalonada por numerosos golpes de Estado, y en 1926 un pronunciamiento militar acabó con el régimen parlamentario.

Sus dirigentes no tenían ideas claras sobre la política a seguir hasta que en 1932 el profesor de Economía católico Antonio Oliveira Salazar (1889-1970) se convirtió en el hombre fuerte del régimen. Al año siguiente una nueva constitución redujo radicalmente el censo electoral; estableció la responsabilidad de los ministros hacia el presidente y no hacia el Parlamento e introdujo un sistema corporativo católico de corte conservador y sin la presencia de un partido de masas, como en el caso del fascismo italiano.

La República y la Guerra Civil en España

En muchos sentidos, España presentaba rasgos similares a los de las sociedades del este europeo: alto nivel de analfabetismo, burguesía dependiente del Estado, regiones de agricultura latifundista y un alto número de campesinos sin tierras, burocracias estatales con una dirección altamente centralizada, pero ineficaces. La economía moderna se encontraba en las regiones periféricas: Cataluña, Valencia, País Vasco, mientras que Castilla concentraba el poder político. La industria no tenía el estímulo de un mercado desarrollado, y si bien se beneficiaba de altas barreras arancelarias también sufría los elevados impuestos que se cargaban sobre la industria y el comercio en beneficio de la agricultura.

La Iglesia católica era uno de los pilares más consistentes del orden tradicional. Como dueña de extensas propiedades rurales compartía los mismos intereses con la nobleza terrateniente, pero además retenía un inmenso poder cultural: desde el púlpito y a través de su control sobre la educación intervenía decisivamente en la construcción de sentimientos e ideas de gran parte de la población. Otro actor político clave fue el Ejército, empleado con gran frecuencia en tareas de represión e intensamente afectado por la prolongación de la resistencia de la población autóctona en Marruecos. El Ejército tenía una decida inclinación hacia un gobierno fuerte para que restaurara el orden y sacara a España de su condición de nación de segunda categoría.

La dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930)

Este militar, que participó en las guerras de Cuba y Marruecos, protagonizó un golpe de Estado en septiembre de 1923, apoyado por el ejército y con el visto bueno del rey Alfonso XIII.

La intervención de los militares se produjo en un contexto cuyos rasgos centrales eran una grave crisis del sistema monárquico, que no lograba encarar los desafíos de la modernización económica y social (industrialización, creciente gravitación de la burguesía, la clase obrera y sectores medios) en virtud de su estrecha vinculación con los sectores tradicionales: grandes terratenientes y la Iglesia. Cabe destacar también la intensificación de las tensiones nacionalistas y la presencia de partidos políticos tradicionales incapaces de afrontar un régimen democrático pleno. El curso negativo de la guerra en Marruecos fue el detonante de la sublevación.

En el Manifiesto de los sublevados se invocó la salvación de España de “los profesionales de la política”. Primo de Rivera se convirtió en jefe de Gobierno y único ministro. Entre 1923 y 1925 fue acompañado por un Directorio Militar cuya finalidad era “poner España en orden” para devolverla después a manos civiles. En diciembre de 1925 se restableció el cargo de presidente del Consejo de Ministros y se constituyó un Directorio Civil, del que formó parte José Calvo Sotelo.

En el plano económico y social, la dictadura propició el desarrollo industrial e intentó organizar un régimen corporativo. Una coyuntura internacional favorable permitió, al inicio de la dictadura, fortalecer el crecimiento industrial. La economía, muy protegida por el Estado y con fijación de precios únicos o máximos, vivió momentos de expansión en todos los órdenes, incluidos la industria pesada y la minería. Sobre estas bases, las regiones ya industrializadas como Cataluña o el País Vasco vieron un incremento notable de la prosperidad económica y un crecimiento de los puestos de trabajo. Estos resultados económicos fueron acompañados por un decidido rechazo de las demandas de autonomía. El catalanismo se radicalizó: en 1926 tuvo lugar un intento de incursión armada desde Francia, protagonizado por Francesc Maciá.

La dictadura reprimió el sindicalismo de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y al Partido Comunista recién creado, pero se toleró a la Unión General de Trabajadores (UGT)y al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), para poder mantener cierto contacto con los dirigentes obreros. Con la CNT prácticamente desarticulada, el anarquismo sufrió la escisión de su sector más radical, que creó la Federación Anarquista Ibérica. El gobierno creó la Organización Corporativa Nacional, a semejanza de las corporaciones fascistas italianas, que integraba a obreros y patronos en comités paritarios agrupados por oficios y profesiones. Su objetivo era arbitrar entre ambos actores sociales para evitar los conflictos abiertos.

El fin exitoso de la guerra en Marruecos en 1925 le dio popularidad al dictador.

En el campo político-institucional, a partir del golpe se suspendió la Constitución, se disolvieron los ayuntamientos, se prohibieron los partidos políticos, se crearon milicias urbanas y se declaró el estado de guerra. Una vez afianzada, la dictadura impulsó la creación de la Unión Patriótica como partido único. En 1927, se constituyó una Asamblea Nacional Consultiva, formada en su mayoría por miembros de Unión Patriótica elegidos por sufragio restringido. Esta Asamblea fracasó en su intento de institucionalizar el régimen mediante la aprobación de una nueva ley fundamental.

En enero de 1930, debilitado por las consecuencias negativas de la crisis económica y consciente de la creciente oposición a su dictadura, Primo de Rivera consultó a sus compañeros de armas sobre su continuidad y, ante la falta de apoyos, dimitió a finales de ese mismo mes.

Bajo los débiles gobiernos militares que lo sucedieron creció la presión de los partidos políticos en pos del cambio de régimen.

En agosto de 1930, organizaciones republicanas junto con grupos separatistas catalanes y miembros del psoe suscribieron el Pacto de San Sebastián. De la reunión nació un comité revolucionario presidido por Niceto Alcalá Zamora, republicano bastante conservador, con el fin de coordinar esfuerzos para derrocar al rey Alfonso XIII y proclamar la República. Se proponían buscar el apoyo de organizaciones sindicales (anarquistas y socialistas) y también de oficiales antimonárquicos del Ejército. De ese comité nacería luego el gobierno provisional de la República.

Cuando el gobierno ofreció convocar a elecciones para constituir las Cortes, la oposición exigió que antes hubiese elecciones municipales, ya que los municipios eran los encargados de organizar y controlar los padrones electorales. En los comicios del 12 de abril de 1931, la coalición republicana-socialista obtuvo la mayoría en los concejos municipales de las principales ciudades, 41 de las 50 capitales de provincia habían votado republicanos. Ante esos resultados, el rey Alfonso XIII decidió abdicar y partió para el exilio. Uno de los ministros del gobierno declaró a la prensa: “¿Puede haber crisis mayor que la de una nación que se acuesta monárquica y despierta republicana?”. La oligarquía dejó el gobierno a una izquierda moderada integrada por socialistas reformistas y una gama de grupos republicanos. El nuevo régimen despertó enormes esperanzas entre los más humildes y fue visto como una amenaza por los sectores más privilegiados.

La República (abril 1931-julio 1936)

El 14 de abril se instaló un gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora, que convocó a elecciones para las Cortes Constituyentes. Los comicios celebrados el 28 de junio dieron mayoría a la coalición republicana-socialista, ya representada en el gobierno provisional que continuó en funciones. La nueva Constitución fue aprobada el 9 de diciembre de 1931.

CONTRA EL CACIQUISMO, AYUDAD AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA.
FIRMA: IZQUIERDA REPUBLICANA

Esta ley fundamental reconoció los derechos y libertades individuales distintivos de un régimen liberal (incluido el derecho a la propiedad privada), aunque como novedad incluyó compromisos sociales en virtud de los cuales el Estado debía asegurar el acceso general a la educación, la sanidad y la vivienda. Reconoció la posibilidad de que el Estado expropiase posesiones particulares en nombre del bienestar social, y sobre la base de este principio se puso en marcha una tibia reforma agraria. También aceptó el reconocimiento del derecho a la autonomía para las regiones que lo solicitasen, y dispuso que las Cortes unicamerales serían elegidas por sufragio universal (incluidas las mujeres). Respecto de la fuerte gravitación de la Iglesia católica, se estableció que el Estado español no tenía religión oficial, se eliminó el presupuesto estatal para el clero y fue prohibido el ejercicio de la enseñanza en instituciones controladas por religiosos. El marcado laicismo del nuevo régimen generó el rechazo de los partidos de derecha, que utilizaron la defensa de la religión como consigna principal para ganar apoyo en amplios sectores de la sociedad.

La República atravesó dos momentos: el bienio reformista (diciembre de 1931 a noviembre de 1933), y el bienio radical-cedista o bienio conservador (noviembre 1933-febrero 1936).

Una vez aprobada la Constitución, Alcalá Zamora fue nombrado presidente de la República y Manuel Azaña jefe de gobierno. Con el apoyo de los diputados socialistas en las Cortes se puso en marcha una serie de medidas destinadas a consolidar el régimen republicano. Se aprobó la reforma militar, que redujo el alto número de oficiales. Con la jubilación masiva se pretendió limpiar el Ejército de los altos mandos más reacios a aceptar a la República, al mismo tiempo que se reducía el monto de la partida presupuestaria destinada al pago de los sueldos de las fuerzas armadas.

La Ley de Reforma Agraria de 1932 se basó en el reconocimiento de la existencia de enormes propiedades mal explotadas o sin explotar. El Instituto de Reforma Agraria expropiaría esas tierras y se encargaría de repartir e instalar en ellas a los cientos de miles de jornaleros que malvivían sobre todo en la mitad sur de España. Esta medida tuvo un éxito muy limitado. Debido a la oposición de los grandes propietarios, a la escasez de recursos y a la débil colaboración de la burocracia estatal, al cabo de un año el número de campesinos que había obtenido tierra era muy reducido. Las expectativas generadas por la ley, junto con su reducido impacto, alentaron la indignación de los sectores más postergados que fueron movilizados principalmente por los anarquistas. En ocasiones, las protestas de los jornaleros dieron lugar a fuertes enfrentamientos con las fuerzas del orden, como los de Castilblanco, en Badajoz, a finales del año 1931, y los de Casas Viejas en Cádiz, en enero de 1933. Estos hechos erosionaron la popularidad del gobierno republicano de izquierda y Azaña renunció.

Las reformas laborales, impulsadas desde el Ministerio del Trabajo por el socialista Largo Caballero, que favorecían la posición de los trabajadores y sindicatos, encontraron la cerrada oposición de los empresarios. La decisión de establecer una radical separación entre la Iglesia y el Estado fue resistida por la derecha, la Iglesia y amplios sectores de la población. Simultáneamente, dio lugar a que otros sectores, desde los primeros meses de la República, llevaran a cabo actos de violencia anticlerical con la quema de iglesias y ataques a los religiosos. Las cuestiones religiosas estuvieron presentes en las elecciones de 1933 como un factor clave de la división entre los españoles. Las fuerzas políticas de derecha manifestaron su total oposición a la aprobación de leyes como la del matrimonio civil, o la que legalizó el divorcio.

El gobierno republicano también concedió la autonomía a Cataluña mediante un estatuto, votado primero por los catalanes y luego aprobado en las Cortes. Ese estatuto legalizó el uso del idioma y la bandera catalanes y reconoció a las autoridades locales una serie de competencias legislativas y ejecutivas en hacienda, economía, enseñanza, cultura, sanidad, transporte, comunicaciones y obras públicas. En manos del gobierno central quedaban los asuntos exteriores, la defensa y el control de fronteras. Esta medida fue rechazada por la derecha y altos oficiales del ejército, quienes acusaron a la República de destruir la unidad de España.

A lo largo de este período, la autoridad del gobierno republicano fue cuestionada desde diferentes frentes. La derecha política, la Iglesia católica y la cúpula militar anunciaron el caos y la destrucción de España por obra de los republicanos y la izquierda. En agosto de 1932 el general Sanjurjo intentó dar un golpe en Sevilla. La acción, mal preparada y con desigual apoyo en el Ejército, fracasó. La izquierda más radical, especialmente los anarquistas, criticó el carácter moderado de las reformas que, en última instancia, según estos sectores, respondían a los intereses de la burguesía. Además se inclinó a favor de la insurrección armada y movilizó a los grupos sociales largamente oprimidos en pos de la conquista inmediata de sus reivindicaciones.

El gobierno se vio obligado a convocar nuevas elecciones en noviembre de 1933. En el campo de la derecha se formaron tres nuevas agrupaciones: Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), Renovación Española y Falange Española, mientras que el centro-izquierda se presentó fragmentado en múltiples grupos y los anarquistas llamaron a la abstención. De los 8.535.200 votos emitidos, 3.365.700 fueron para partidos de derecha, 2.051.500 para partidos de centro y 3.118.000 para los partidos de izquierda.

El presidente de la República, Alcalá-Zamora, llamó a formar gobierno al dirigente del Partido Radical Republicano Alejandro Lerroux. El nuevo gabinete contó con el apoyo de los diputados de la CEDA. Desde su banca en las Cortes, el líder de la CEDA, Gil Robles, anunció los cambios que exigía su partido: “Ante todo y sobre todo, nosotros, como católicos, solicitamos (...): el respeto a nuestras creencias, el reconocimiento de la personalidad de la Iglesia. (…) Nosotros pedimos, por lo pronto y desde este momento, una rectificación en la legislación sectaria que ha lastimado tan profundamente nuestras creencias, y de un modo particular en todo lo que se refiere a la enseñanza, que es para nosotros una cuestión vital, en la que no podremos de ningún modo retroceder.

(…) es absolutamente preciso garantizar la libertad de trabajo y de sindicación; es absolutamente indispensable concluir con las medidas que han arruinado a la agricultura, (…) cuando el instante llegue, sin prisas y sin miedo, recabaremos el honor y la responsabilidad de gobernar para realizar nuestro programa, para cumplir lo que es nuestra finalidad primera: la reforma de la Constitución (…)”.

Cuando dirigentes de la CEDA asumieron como ministros en 1934, la UGT y la CNT, seguidas por los comunistas y los socialistas, llamaron a una huelga general de corte político, rechazando lo que consideraron un peligroso avance del fascismo. El movimiento fracasó en Madrid. En Barcelona, la presidencia de la Generalitat dirigió una insurrección con claro matiz independentista, pero la insurrección fue rápidamente reprimida por el Ejército. En Asturias, la huelga general triunfó y derivó en una revolución. Durante casi tres semanas el control de los valles mineros quedó en manos de una República Socialista, defendida por una potente milicia. Solo con la llegada de tropas procedentes de Marruecos, dirigidas por el general Francisco Franco, y a través de muy duros combates, el ejército logró liquidar el movimiento.

Después de la Revolución de octubre, se incrementó el número de ministros de la CEDA; Gil Robles quedó a cargo del ministerio de Defensa, nombró al general Franco como jefe del Estado Mayor. Pero el gobierno de Lerroux tampoco pudo sostenerse: dañado por un escándalo de corrupción, perdió credibilidad y fue destituido. En enero de 1936 se disolvían las Cortes y se convocaba a nuevas elecciones para el 16 de febrero.

A fines de 1935, en un contexto marcado por la derrota de la revolución de Asturias, la pérdida de la autonomía catalana y el convencimiento de que la izquierda había sido derrotada por su desunión en 1933, los líderes de centro-izquierda, especialmente Azaña y Prieto, convocaron a la formación del Frente Popular. Confluyeron los partidos republicanos de izquierda, los socialistas, la Esquerra Republicana de Catalunya y los comunistas, mientras que los anarquistas se mostraron dispuestos a no boicotear las elecciones. En ese momento la III Internacional propiciaba desde Moscú la alianza de los comunistas con partidos democráticos burgueses, para frenar el avance de los fascistas. El programa del Frente Popular no iba mucho más allá de la promesa de volver a poner en marcha las reformas que la derecha había frenado o suprimido, y centró su campaña en la amenaza del fascismo.

Las elecciones celebradas el 16 de febrero dieron la victoria a la izquierda por un estrecho margen, y fueron un duro golpe para las expectativas de la derecha de imponer legalmente su proyecto autoritario y corporativo. La victoria del Frente Popular se basó en su predominio en las ciudades y las provincias del sur y la periferia, mientras que la derecha se impuso en el norte y el interior del país.

GRAN CORRIDA POR EL FRENTE POPULAR.
FIRMA: NUEVA CULTURA, 1936

En España, el fascismo no logró, como en Italia y Alemania, contar con los recursos políticos y sociales suficientes para llegar al gobierno y tomar el poder. En gran medida porque no tuvieron el grado de adhesión necesario entre las clases medias, ya que un importante sector de las mismas se alineó con los republicanos de izquierda. Algunos autores han destacado las similitudes de su comportamiento con el de las clases medias francesas; estas también optaron por una alianza interclasista y dieron el triunfo electoral al Frente Popular. En este contexto, en el campo de la derecha se impuso la alternativa del golpe militar.

El Frente Popular y la guerra civil (febrero 1936-abril 1939)

El nuevo gobierno quedó integrado solo con ministros republicanos, y Azaña como presidente. Los republicanos esperaban que Indalecio Prieto, hombre fuerte del ala más moderada del psoe, ocupara la jefatura del gobierno. Sin embargo, Largo Caballero insistió en que los republicanos gobernasen en soledad hasta que llegara el momento de crear un gobierno enteramente socialista. Desde el primer momento prevaleció un clima social signado por los reclamos de prontas reformas sociales: ocupaciones de fincas en el sur y huelgas obreras. Las tensiones en la escena política fueron cada vez más hondas y con marcada gravitación de la violencia. El gobierno republicano no podía satisfacer las aspiraciones de prontas y profundas reformas de los sectores populares, que se lanzaron a concretarlas por su cuenta, por ejemplo la ola de incautaciones de propiedades en el sur. Los republicanos liberales del Frente Popular se mostraban débiles y pasivos mientras las cuadrillas de Falange Española desplegaban una campaña de terror a la que sectores de la izquierda radical intentaban responder. Gil Robles y otros líderes de la derecha alimentaron el clima de crisis total, tanto en sus discursos parlamentarios como en los medios de comunicación, y plantearon el levantamiento militar como la única alternativa a un gobierno que “gobierna contra España”.

El asesinato del líder monárquico José Calvo Sotelo, el 13 de julio, proporcionó la señal definitiva a la conspiración. Sus principales promotores fueron Sanjurjo, el general Emilio Mola, considerado como el cerebro de la operación, y el general Francisco Franco, el jefe del Estado Mayor durante el bienio conservador, y que contaba con un destacado prestigio e influencia sobre las tropas españolas en Marruecos. Los militares y la Iglesia justificaron el golpe como un Alzamiento Nacional contra una República “marxista y antiespañola”, la guerra era una “cruzada” para liberar a España del ateísmo. Los intelectuales españoles convocaron a la solidaridad y el apoyo activo de los antifascistas.

Los golpistas habían decidido tomar el poder simultáneamente en todas las capitales de provincia, pero su fracaso en algunas de las más importantes ciudades españolas transformó un golpe de Estado en una larga guerra civil. Inicialmente, el gobierno central perdió el control de la situación y el poder real quedó en manos de comités y milicias organizados por los partidos y sindicatos de izquierda. Estos comités pasaron a controlar factores esenciales de la economía, y en el campo tuvo lugar una ocupación masiva de fincas, parte de las cuales fueron socializadas.

Los golpistas se impusieron en Galicia, Castilla-León, Navarra, Pamplona, Andalucía occidental, en Sevilla, Baleares y Canarias, en enclaves aislados como Oviedo, Granada y Zaragoza. Sus fracasos más contundentes tuvieron lugar en Madrid, donde el gobierno entregó armas a las milicias obreras, y en Barcelona, donde una inusual colaboración de los obreros de la cnt con la Guardia Civil y la Guardia de Asalto abortó la insurrección.

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA EN LAS CALLES DE BARCELONA

FOTOGRAFÍA DE AGUSTI CENTELLES QUE MUESTRA A UNOS COMBATIENTES LUCHANDO EN 1936 TRAS UNA BARRICADA HECHA DE CABALLOS MUERTOS. PARA ESTA ESCENA, CENTELLES, A DIFERENCIA DE OTRAS FOTOS SUYAS, PIDIÓ A LOS TRES COMBATIENTES QUE POSASEN PARA REALIZAR LA FOTOGRAFÍA.

La zona nacional contaba con las reservas de cereal y ganado de Castilla y Galicia, y las minas de carbón leonés y de Riotinto, en Huelva. Ante todo, tenía un ejército mucho más preparado que incluía divisiones íntegras en Castilla, Galicia y Andalucía y, sobre todo, el Ejército de África, la Legión y los Regulares. La zona republicana controlaba las regiones industriales, y contaba con el trigo en La Mancha y los productos de las huertas levantinas. También pudo disponer de las reservas de oro del Banco de España. Sin embargo, las unidades del ejército quedaron prácticamente desarticuladas.

Ante el embate de los sublevados, el gabinete republicano fue reemplazado por otro más representativo compuesto por republicanos, socialistas y comunistas, y encabezado por Largo Caballero. Sin embargo, las diferencias en torno a priorizar el triunfo en la guerra o bien ganar la guerra a través de la revolución dividieron a los defensores de la República, y este conflicto se convirtió en una pequeña guerra civil interna no declarada, que azotó el área republicana hasta mediados de 1937. Por un lado, la CNT-FAI y POUM sostuvieron que la revolución y la guerra debían ir de la mano, y emprendieron la inmediata colectivización de tierras y fábricas. Lograron imponerse en Cataluña, Aragón y Valencia. Por otro lado, el PSOE y el PCE intentaron restaurar el orden, concentrar la toma de decisiones en el gobierno central y formar un ejército disciplinado. Respetaron la pequeña y mediana propiedad, y su lema fue “primero la guerra y después la revolución”. Las tensiones internas fueron continuas y llegaron a su momento clave en Barcelona en mayo de 1937. El gobierno de la Generalitat, siguiendo instrucciones del gobierno central, trató de tomar el control de la Telefónica de Barcelona, en manos de un comité de la cnt desde el inicio de la guerra. El intento desencadenó una insurrección y los combates callejeros se extendieron por la ciudad.

En el marco de esta crisis, cuestionado como incapaz de dirigir la guerra, Largo Caballero renuncióy el gobierno, encabezado por el socialista Juan Negrín e integrado por una mayoría de ministros socialistas, asumió una más decidida vinculación con los comunistas. A partir de ese momento se impuso una mayor centralización en la dirección de la economía y se terminó de construir el Ejército Popular, acabando con la indisciplina de las milicias.

Las potencias fascistas, especialmente la Italia de Mussolini, decidieron desde un primer momento apoyar a los rebeldes dirigidos por Franco. A finales de julio, aviones de transporte Junkers 52 y Savoia-Marchetti 81 establecían el primer gran puente aéreo militar. Quince mil hombres cruzaron el estrecho de Gibraltar en diez días, seguidos poco después por un flujo regular de asistencia de alta tecnología.

Los gobiernos británico y francés, en cambio, esgrimieron una neutralidad engañosa, desde el momento que no controlaban el importante abastecimiento de recursos militares a las tropas de Franco. No solo actuaron guiados por su afán de apaciguamiento: los dirigentes conservadores de las democracias occidentales miraban con recelo y hostilidad a la República, en la que veían una amenaza revolucionaria.

Rechazado por Francia y Gran Bretaña, el gobierno republicano recurrió a Moscú. Al principio, Stalin no quería que la situación en España minara sus planes para una alianza con Francia. Solo al final de septiembre, una vez que la República acordó enviar sus reservas de oro a Moscú, aceptó enviar aviones y tanques modernos, pagados a un precio exorbitante. La ayuda soviética comenzó a llegar a tiempo para colaborar en la defensa de Madrid; sin embargo, fue más dispersa y de menor calidad que la enviada a los golpistas. La Internacional Comunista promovió la formación de las Brigadas Internacionales.que estuvieron integradas por voluntarios, no todos comunistas, dispuestos a luchar contra el fascismo. La ayuda soviética llevó a que los comunistas pasaran de ser un grupo minoritario a convertirse en una fuerza muy influyente en el gobierno republicano. La desigual ayuda exterior recibida por ambos bandos fue un dato de peso, pero no explica la victoria de los nacionales. La reacción de la derecha tuvo amplios apoyos en la sociedad, que quedó partida en dos.

La represión del Kremlin se hizo sentir sobre los grupos que impugnaban la política de Stalin: fueron identificados como trostkistas, denunciados como “agentes del imperialismo” y asesinados, entre ellos Andreu Nin, dirigente del POUM. (En internet existe, desde 1987, la Fundación Andreu Nin).

En marzo de 1939 el comandante del ejército republicano en la zona central, coronel Segismundo Casado, desalojó del poder a Negrín para terminar con la guerra. Sin embargo, la esperanza de negociar con Franco se disipó inmediatamente: el dictador exigió la rendición incondicional. El 28 de marzo las tropas franquistas entraron en Madrid, y el 1 de abril de 1939 terminaba la sangrienta guerra.

EL GENERALÍSIMO.
FIRMA: JUNTA DELEGADA DE DEFENSA DE MADRID - DELEGACIÓN DE PROPAGANDA Y PRENSA

La instrumentación del golpe para derrocar a la República era apoyada por los monárquicos alfonsinos, un grupo que integraba el círculo que rodeaba a Franco. Pero cuando el golpe fracasó dando paso a la guerra civil, ganaron terreno otras fuerzas políticas, los tradicionalistas y los falangistas, que estaban dispuestas a desplegar una política de masas. La Falange aspiraba a convertirse en el partido único del nuevo Estado. Los grupos conservadores no estaban dispuestos a aceptar la hegemonía de este movimiento, el más próximo a la concepción fascista. Finalmente, en abril de 1937 se aprobó el decreto de unificación, que dispuso la integración de todas las agrupaciones de la derecha política en la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, conocida como Movimiento Nacional. El resultado fue la subordinación definitiva del partido único a la figura de Franco, y su consiguiente neutralización como fuerza autónoma. Después del baño de sangre, la España franquista impuso el partido único, pero a diferencia del fascismo italiano y del nacional-socialismo alemán, no pretendió “revolucionar” el orden conservador. El Caudillo quería orden y sus principales apoyos fueron el Ejército y la Iglesia católica. La dictadura de Franco fue básicamente un régimen contrarrevolucionario, que adoptó una serie de instrumentos de organización y control propios de las dictaduras fascistas.