Relaciones laborales en la socialdemocracia sueca

La exitosa concreción del llamado “modelo sueco” fue resultado de la combinación de cuatro factores claves: la fortaleza de un movimiento sindical centralizado en estrecha vinculación con la socialdemocracia al frente del gobierno; la elaboración de una doctrina económica por parte de la escuela de Estocolmo a favor de políticas económicas expansivas; la elaboración de acuerdos efectivamente cumplidos entre la burguesía industrial y el movimiento obrero, y la constitución de una burocracia eficaz en la instrumentación del Estado de bienestar.

Esta experiencia se propuso mejorar la situación de los desfavorecidos y los explotados por el sistema capitalista, pero desde una perspectiva multiclasista, sin cuestionar el capitalismo y enfatizando los valores de la democracia. La meta fue lograr el bienestar social y paliar las crisis propias de la economía capitalista a partir de la aceptación del capitalismo como mecanismo de producción y distribución, con la suficiente intervención estatal como para garantizar un mínimo de estabilidad y equidad. El Estado debía controlar la economía mediante la regulación de acuerdos entre los agentes de la producción y la política fiscal, pero sin recurrir a la nacionalización de empresas o sectores.

La trayectoria de la experiencia sueca se basó en dos pilares principales: el conjunto de políticas sociales y fiscales que constituyeron el Estado del bienestar y un modo singular de regular las relaciones laborales entre capital y trabajo, al que se llamó modelo Rehn-Meidner, los nombres de los dos hombres que lo diseñaron.

RUDOLF MEIDNER (1914-2005

NACIÓ EN ALEMANIA Y SE ASILÓ EN SUECIA DESDE 1938. DESEMPEÑÓ DURANTE VARIAS DÉCADAS EL PUESTO DE ECONOMISTA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE LA LA CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS DE SUECIA.

GÖSTA REHN.

PROFESOR DEL INSTITUTO SUECO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ESTOCOLMO.

El modelo Rehn-Meidner aspiró a que el crecimiento de la economía, a tasas altas y continuas, incluyera un elevado nivel de empleo sin inflación y para esto destacó la importancia central de una política salarial solidaria, o sea sin retribuciones muy dispares. La exitosa instrumentación del proyecto Rehn-Meidner requirió determinadas condiciones políticas y económicas. En el plano político, una relación de fuerzas equilibrada entre los capitalistas que ostentan la propiedad de los medios de producción y el poder de los gobiernos socialdemócratas apoyados por el movimiento sindical. No obstante, cabe señalar que esa relación de fuerzas nunca es simétrica, ya que el poder político depende en gran medida de la actuación del poder económico. En el plano económico se necesitaban altas y continuas tasas de crecimiento sin inflación para sostener los acuerdos entre capital y trabajo.

Esta propuesta sostuvo la idea de que el pleno empleo permite una utilización máxima de los recursos, una mejor distribución de la renta y, consecuentemente, una optimización del consumo y la producción. En consecuencia, el Estado debía desarrollar una muy fuerte política activa de empleo. Como contrapartida, para que no se disparasen los precios, se requería una política monetaria y fiscal restrictiva por parte del gobierno, junto con una política salarial solidaria basada en un sistema de negociación colectiva centralizada que condujese a una contención de los sueldos.

La negociación colectiva centralizada fue ya uno de los pilares de los Acuerdos de Saltsjöbaden de 1938, en los que capital y trabajo se comprometieron a resolver sus diferencias en relación con el mercado laboral y los salarios a través del diálogo institucionalizado.

La política salarial solidaria, tal y como se aplicó a partir de los años cincuenta, consistió en el establecimiento de un marco general de salarios, acordado entre la patronal y el movimiento sindical, de manera que se lograra el aumento de la remuneración de los trabajadores situados en los niveles más bajos de la escala retributiva gracias a la contención de los sueldos de aquellos empleados mejor pagados. Con esto, en parte, se pretendía fortalecer la cohesión de clase trabajadora. Para reducir la desigualdad entre los trabajadores se dispuso fijar el salario en función del tipo de trabajo y la cualificación necesaria para llevarlo a cabo, no de la rentabilidad de la empresa o el sector, su tamaño o su localización. Es decir, aplicar el principio de “a igual trabajo, igual salario”. Además se propició la disminución de las diferencias salariales entre los distintos trabajos, aunque sin llegar a su eliminación, ya que esto, en una economía mercantil, afectaría de manera negativa a la motivación para la formación, la movilidad y el incremento de responsabilidades. En especial, se atendió a la reducción de diferencias entre sexos y grupos de edad. La política salarial solidaria también apuntaba a la contención de las reivindicaciones salariales. La estrategia de pleno empleo otorgaba un gran poder a los sindicatos para exigir subas salariales, lo que podría poner en serio peligro el control de la inflación. En lugar de disciplinar a los sindicatos por medio del desempleo, la estrategia del Modelo Rehn-Meidner abogaba por una “autodisciplina colectiva impuesta por la política salarial de los propios sindicatos”.

En el plano empresarial, la aplicación de iguales salarios para trabajos iguales, independientemente de la empresa de la que se tratase, daba paso a que las compañías menos eficientes fuesen expulsadas del mercado, ya que no podían seguir pagando sueldos más bajos que los establecidos. Simultáneamente, propiciaba que las más eficientes utilizasen sus mayores beneficios en realimentar más rápidamente el proceso de acumulación, ya que desaparecía la posibilidad de que los trabajadores de esas firmas pudieran aumentar sus salarios mediante negociación colectiva o individual. Así, la fuerza de trabajo y los recursos financieros se moverían con mayor eficiencia hacia los proyectos, empresas y sectores más rentables.

El mecanismo institucional de la política salarial solidaria funcionaba de tal manera que, una vez firmado un acuerdo central sobre la determinación de salarios, quedaban prohibidos las huelgas o los cierres patronales por parte de los sindicatos y las empresas.

Según los autores del proyecto, el sistema de política salarial solidaria requería un mecanismo externo al propio mercado laboral que facilitase el trasvase de fuerza de trabajo desde las empresas menos rentables, que serían expulsadas del mercado u obligadas a racionalizar sus procesos, hacia las más eficientes. Para que este trasvase no produjese lo que Gösta Rehn llamó “islas de desempleo”, el gobierno debía encarar una política activa de empleo. O sea, desarrollar estrategias de reciclaje, formación y recolocación de aquellos trabajadores que hubiesen perdido su empleo. La política activa de empleo en Suecia incluyó diversos tipos de medidas, entre las que se encuentran: programas de formación, de empleo temporal protegido, de empleo a tiempo parcial para jóvenes, de apoyo a la movilidad geográfica, de subsidios a la contratación laboral por parte de las empresas, de fomento del “autoempleo”.

Al contrario que en otros países, donde su importancia fue residual, las políticas activas de empleo en Suecia alcanzaron un gran peso en términos cuantitativos; el gasto total en políticas de empleo se cuadruplicó entre los años sesenta y los ochenta, desde el 1% hasta el 4% del PIB.